García Vargas justifica ante Garzón la Iegalidad de la pensión a Dorado

El ex ministro de Defensa Julián García-Vargas justificó ayer ante el juez Baltasar Garzón la legalidad de la pensión de más de 200.000 pesetas al mes que por inutilidad física para el servicio cobra Enrique Dorado Villalobos, sargento expulsado de la Guardia Civil a raiz de ser condenado por haber cometido un atraco en una boutique de Irún. El ex ministro declaró durante tres cuartos de hora, en calidad de testigo, en el denominado caso Oñederra, y previsiblemente será llamado de nuevo a declarar más adelante.

García Vargas mostró al juez varios reales decretos que demuestran que la concesión de ese tipo de pensión Dorado Villalobos no es incompatible con el hecho de que el que fuera jefe de los grupos antiterroristas del cuartel de Intxaurrondo y principal sospechoso de haber intervenido en numerósos atentados de los GAL, como el caso Lasa Zabala, fuera expulsado.El ex ministro precisó que el expediente de concesión de la máxima pensión, por inutilidad física en acto de servicio ya se había concluido antes de la expulsión del cuerpo de Dorado Villalobos, por lo que el ex guardía tenía ese derecho.

Además, explicó que en el expediente sobre la pensión figuraba un informe médico en el que se señalaba que Dorado padecía "estrés psicosocial de intensidad extrema, con un trastorno paranoide de la personalidad".

Luis Roldán declaró en ese mismo sumario que Jorge Argote, abogado vinculado al Ministerio del Interior, le había pedido que gestionase ante el entonces ministro de Defensa, Julián García Vargas, el reingreso de Dorado en la Guardia Civil y la concesión de una pensión, ante el temor de que el ex guardia revelase datos sobre la guerra sucia contra ETA.

El juez Garzón, sin embargo, no preguntó a García Vargas sobre el extremo manifestado por Roldán, sino que se limitó a los aspectos administrativos de la comisión de la pensión.

Julián García Vargas será previsiblemente llamado a declarar próximamente, debido a que el juez también le preguntó por los detalles relativos a una pensión similar concedida al que fue compañero de Dorado Villalobos, el cabo Felipe Bayo Leal, también expulsado de la Guardia Civil por los mismos motivos que el primero.

Dorado y Bayo son los principales sospechosos de haber secuestrado, torturado y asesinado en octubre de 1983 a los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, y también de haber participado el 18 de noviembre de 1984 en el atentado que costó la vida al francés Christian Olaskoaga, en el que resultó gravemente herido su hermano Claude. El ex ministro dijo que no conocía el expediente de Bayo, por lo que muy previsiblemente será llamado de nuevo a declarar sobre ese extremo.

García Vargas, tras pronunciar una conferencia en el Centro Superior de Estudios de la Defensa sobre Las perspectivas de paz en los Balcanes, expresó su extrañeza por la imputación en el caso Oñederra de tres generales, José Antonio Sáenz de Santa María, Andrés Cassinello y Enrique Rodríguez Galindo, cuando existe "un terrorismo muy vivo" y hay colaboradores de ETA "contra los que no se ve la forma de actuar".