El fiscal pide ocho años a un ex edil de Getafe por falsedad, corrupción y estafa

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El caso Álvarez Arana afloró en marzo de 1994, a raíz de la difusión de unas cartas en las que el empresario explicaba a uno de sus hermanos los motivos de la quiebra de la industria (véase EL PAÍS del 15 de diciembre de 1994 y del 25 de marzo de 1995).

Álvarez Arana, quien por entonces había abandonado Getafe, arruinado, contaba a su hermano: "He pagado al PSOE de Getafe alrededor de cuatro millones de pesetas". La acusación más fuerte la dirigía contra Serrano, a la sazón concejal de Mantenimiento.

Según el fiscal, el empresario construyó gratuitamente un chalé para el ex concejal, "a instancias de éste", y cuyas obras importaron 15 millones de pesetas por un lado, y otros 11, por otro, que costaron la instalación del aire acondicionado y otras mejoras.

En su escrito, la fiscalía detalla las obras con que benefició el ex edil a las empresas de Álvarez Arana y en las que mediaron comisiones. Asegura el fiscal que tales obras se adjudicaron quebratando la reglamentación municipal sobre contrataciones. Destaca también que la iniciativa de pedir una comisión por cada obra -y cuyo dinero variaba en función del importe de la obra-partió del propio ex edil. Y que el empresario Álvarez Arana aceptó pagar.

A partir de ahí, viene a decir el fiscal en su escrito, según fuentes que han tenido acceso a él, se tejieron varias empresas; en una de las cuales se incluyó como accionista a la esposa del ex edil, Isabel Martín. El fiscal exculpa a Martín del caso por entender que actuó bajo los dictados de su marido.

La investigación judicial sobre el cobro de comisiones ilegales fue contundente en su ínicio: la juez instructora interrogó al concejal y al empresario y decretó prisión para ambos. El edil abandonó la cárcel al día siguiente de entrar, tras pagar una fianza de 30 millones; el empresario, por su parte, tuvo que pagar una caución de tres millones.

Según consta en el sumario, Álvarez Arana solía trabajar para el Ayuntamiento getafense a través de dos de sus empresas, Praper y Aucarán. Sólo entre los años 1991 y 1993, Aucarán recibió 52,7 millones de pesetas en adjudicaciones de obras del Ayuntamiento. Auracán se constituyó como empresa el 2 de noviembre de 1990 y, en ese momento, sólo figuraban como socias María Áurea del Hoyo, esposa de Enrique Álvarez Arana; su cuñada Catalina Anillo, y otra mujer. Días después se incorporó Martín al accionariado.El edil Serrano renunció al acta de concejal en abril de 1994 al publicarse que su esposa era accionista de Aucarán. Martín siempre negó haber adquirido tales acciones, y adujo que la firma que aparece en el documento donde ella figura como accionista es una falsificación.La otra empresa del grupo investigada, Praper, se benefició de 20 adjudicaciones muncipales en el periodo 1989-1993, según las diligencias- Los trabajos que efectuaban para el municipio estas empresas eran diversos, desde la instalación de aire acondicionado hasta el acondicionamiento de colegios públicos.Informe policial

La brigada policial de delincuencia económica emitió en 1994 un informe para el juzgado en el que, entre otras cosas, indicaba que Álvarez Arana llegó a vender sillones de cuero al Ayuntamiento. Y que tapó esta singular operación, presupuestada en algo más de dos millones, con "facturas falsas de limpieza y puesta a punto del aire acondicionado". La policía, en función del movimiento de las cuentas corrientes y otras indagaciones, fijó en unos ocho millones de pesetas las cantidades pagadas por Alvarez Arana en concepto de "presuntas comisiones".No se incluía ahí el chalé que, supuestamente, regaló el empresario al edil. Respecto al chalé, Serrano manifestó en junio de 1994 que Arana se limitó a instalar la verja y el sistema de seguridad, ya que la vivienda fue levantada por otras constructoras. El fiscal no lo entiende así en su escrito, según los citados medios.

El alcalde de Getafe, el socialista Pedro Castro, manifestó a EL PAÍS en diciembre de 1994: "Las" adjudicaciones a Arana han sido de unos 190 millones de pesetas en cuatro años, cifra ínfima comparada con los 4.000 millones que invierte cada año el ayuntamiento". Castro, que no ha tenido ninguna implicación en este caso, agregó: "Si una empresa obtiene de beneficios el 22% de las obras, en cuatro años Álvarez Arana no ganó más de 40 millones de pesetas; es una cifra ridícula dentro de nuestros presupuestos".