Aznar afrontará la devolución a los partidos del Frente Popular del patrimonio que se les incautó en la dictadura

El Ejecutivo de José María Aznar está ya comprometido para restituirá diversos partidos los bienes que les fueron incautados por un decreto de Franco, de 13 de septiembre de 1936, y confirmado, tras su victoria en la Guerra Civil contra el Gobierno de la República, el 9 de febrero de 1939. Así se lo ha asegurado el PP al PNV. El acuerdo surgirá del Parlamento y tendrá como base un informe favorable a la devolución de ese patrimonio elaborado por el Gabinete socialista días antes de la disolución de las Cortes, en enero pasado. El PSOE, el PNV, el PCE, Unió Democrática de Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya son las formaciones actuales que se vieron afectadas por la incautación hace casi 60 años.

El acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular dice lo siguiente: "Se abordará con carácter urgente el cierre de un aspecto pendiente desde la dictadura, consistente en la devolución a los partidos políticos del patrimonio incautadoNadie es hoy capaz de evaluar el coste de esa incautación, sobre todo en la apropiación de sedes por toda España, aunque los peneuvistas aseguran que una empresa privada les ha hecho un estudio según el cual la valoración sería de 3.500 millones de pesetas, informa Aitor Guenaga. Pero, a excepción de los nacionalistas vascos, nadie se atreve a dar números. El final de este asunto puede ser un acuerdo político entre el Gobierno y los afectados sobre la entrega de una cantidad "razonable", dicen tanto los socialistas como los populares.

El PSOE ni siquiera se ve en condiciones de acreditar cuántos inmuebles les fueron arrebatados. Entre otras razones, porque en muchísimos lugares de España compartía sede con la Unión General de Trabajadores, es decir Casas del Pueblo, y la titularidad figuraba a nombre del sindicato. Como quiera que en 1986 ya hubo una restitución del patrimonio sindical, un sector de la familia socialista ya tuvo su parte.

Lo cierto es que el PNV ha sido precisamente el que no ha soltado esta bandera desde hace muchos años. A su petición se unieron Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Catalunya, Convergéncia i Unió y, finalmente, el PSOE. El Gobierno socialista se comprometió a elaborar unos criterios para la restitución y así lo hizo el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, que se lo ha hecho llegar a todas las formaciones.Compensaciones económicas

"Las solicitudes de los interesados, junto con los documentos en que éstos funden su derecho, serán informadas y tramitadas por una Comisión Interministerial que instruirá los procedimientos y propondrá, cuando proceda, las valoraciones de los bienes y derechos a los efectos indemnizatorios y compensatorios previstos en la Disposición que lo reconozca", dice el documento del Ministerio de la Presidencia, que está compuesto por 27 páginas.

Si los bienes y derechos en su día incautados no pudieran ser devueltos por cualquier motivo, el Estado compensará pecuniariamente "por el valor de los mismos al partido desposeído". Otro criterio precisa lo siguiente: "La compensación se determinará según el valor normal de mercado de los bienes o derechos afectados en el momento de entrada en vigor de esta ley y será fijada por el Consejo de Ministros a propuesta de los ministros de Justicia e Interior y de Economía y Hacienda".

El Estado restituirá a los partidos políticos que fueron creados antes del 1 de diciembre de 1995 y a las personas jurídicas cuyos bienes estuvieran afectos o destinados al ejercicio de las actividades políticas de aquéllos, los bienes y los derechos de contenido patrimonial de que es titular "y que fueron incautados a dichos partidos en aplicación de la ley de 9 de febrero de 1939 y demás normas sobre responsabilidades políticas de aquel periodo, en los términos establecidos en la presente ley".

El informe da una serie de razones por las cuales podría defenderse el rechazo a la devolución del patrimonio, entre ellas las dificultades relativas a la determinación de la titularidad al no existir plena constancia de los bienes que se incautaron.

Se recuerda que la Administración no tiene datos no ya de los bienes muebles, sino ni siquiera de los inmuebles, y ello tanto por la pérdida y la destrucción de archivos referidos a los mismos "corno por la deliberada difuminación y oscurantismo con que muchas de estas apropiaciones se llevaron a cabo". Algunas propiedades incluso están fueran de España, tal es el caso del Instituto Cervantes, de París, cuyo inmueble perteneció al PNV.Documentos probatorios

La identificación del patrimonio incautado obligará a largos procesos de investigación y recuperación de documentos probatorios, "no siempre corona dos por el éxito, lo que podrá provocar una avalancha de reclamaciones y un cúmulo de descontentos". Se añade, además, que este panorama resulta potencialmente atentatorio al principio de seguridad jurídica al incidir sobre situaciones tan alejadas en el tiempo".

Frente a estos argumentos, por muy fundados que sean, no puede desconocerse 9a concurrencia de motivaciones de signo opuesto que aconsejan adoptar una postura favorable a la devolución patrimonial a los expoliados".

El Gobierno socialista previó que va a desencadenarse un proceso "dilatado, complejo y, probablemente, con alguna insatisfacción", pero hay que afrontarlo. "Las restituciones constituyen la única solución justa, en términos morales, jurídicos y de reparación histórica, a las situaciones surgidas como consecuencia de la Guerra Civil, resultando tan obvio que huelga toda argumentación al respecto".