El acuerdo con CC incluye 100.000 millones en cuatro años para "políticas de empleo" en Canarias

El pacto entre el Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC), ratificado el 11 de abril por ambos partidos y que garantizó el voto afirmativo en la investidura de José María Aznar, tiene un coste "desmesurado" para el Estado y el Instituto Nacional de Empleo (Inem). Según confirmaron fuentes autorizadas, el acuerdo obliga a "procurar el cumplimiento del Plan Integral de Empleo para Canarias" que equivale a garantizar una aportación del Estado de 100.000 millones de pesetas para políticas activas de empleo en el archipiélago durante los próximos cuatro años.

La cifra destinada a Canarias hay que ponerla en relación con los 126.000 millones que gestiona anualmente el Inem, organismo encargado de facilitar el grueso de tal financiación, destinados a crear empleo en todas las comunidades autónomas.El pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular obligará al Estado -es decir, a los Presupuestos Generales del Estado-,a "procurar el cumplimiento del Plan Integral de Empleo" de la comunidad canaria. El desarrollo de este plan, al que se ha comprometido el PP, exige una aportación del Estado de 100.000 millones de pesetas a la comunidad canaria durante los próximos cuatro años, destina dos a la ejecución de políticas activas de empleo en dicha comunidad. Fuentes del Gobiemo canario explicaron a EL PAÍS que "algunos representantes del PP canario estaban dispuestos incluso a garantizar una aportación de 200.000 millones de pesetas para crear, empleo en las islas".

El acuerdo, que suscribe, entre otros puntos, el Plan Integral de Empleo canario -que el Gobierno de Felipe González se negó a firmar porque era imposible de financiar desde el presupuesto del Estado-, "parece ha ber sido suscrito a ciegas, según fuentes de la anterior Administración. Esta afirmación se explica por la relación desorbitada entre los 100.000 millones que el PP se compromete a destinar sólo en Canarias y la capacidad de inversión o financiación del Inem, que es de 126.000 millones para políticas de empleo en el conjunto del Estado. El ministerio del socialista José Antonio Griñán -ahora a cargo de Javier Arenas- se comprometió en 1995 a consignar únicamente 5.000 millones de pesetas para estimular el empleo en Canarias.

El coste para las arcas del Estado del pacto CC-PP es elevadísimo. Medios próximos al anterior Ministerio de Trabajo explicaron de forma muy gráfica los efectos de este acuerdo de 100.000 millones: "El coste no está sólo en esos 100.000 millones, que difícilmente podrán pagarse. Si el resto de las comunidades autónomas facultadas para ello solicitaran un trato similar, algo que pueden hacer en nombre de la equiparación, financiera y de la no discriminación, el Inem debería aumentar su presupuesto anual hasta 300.000 millones, es decir, el coste de las políticas de empleo resultaría triplicado".

El desarrollo del Plan Integral de Empleo canario en el contexto del acuerdo con el PP está por hacerse, pero fuentes del Gobierno canario explicaron a EL PAÍS que la mayor parte de las aportaciones debe provenir del Inem y otras menores saldrán de los ministerios de Educación (formación profesional) e Industria. El aumento de la población activa en la comunidad es del 20,6% anual, muy por encima de la media nacional (13,5%). Y obliga a generar entre 11.000 y 12.000 empleos netos cada año.