El Tribunal Superior tarda dos años en resolver los despidos laborales
Hasta dos años viene tardando la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en resolver los recursos que le elevan los trabajadores que han sido despedidos de sus empresas y cuyo caso ya ha sido sentenciado por algún juzgado de primera instancia. "Ahora, el tribunal está resolviendo los recursos de 1994", asegura Ignacio Montejo, que dirige uno de los despachos jurídicos de la capital que mueven más asuntos laborales (ha intervenido en 18.000 juicios).Montejo tilda la situación de "escandalosa y vengonzosa", y la atribuye a una "falta de producción" derivada de una "mala organización" de los magistrados de la sala (integrada por 17 jueces titulares y nueve suplentes).
La Sala de lo Social está dividida en secciones, y cada una de ellas; especializada en una o varias ramas del ámbito laboral. No en todas las secciones hay retrasos; algunas funcionan con normalidad. Pero la que más quebraderos de cabeza provoca a los usuarios es la que despacha los recursos sobre despidos: acumula demoras de hasta dos años. La situación de este tribunal contrasta con la de sus órganos inferiores -los juzgados de lo social de primera instancia que, en general, dictan sus fallos en menos de tres meses.
Un portavoz del alto tribunal madrileño asegura que en enero se creó una subsección, además de la ya existente, para frenar las demoras que sufren los recursos por despido.
El Consejo General del Poder Judicial conoce la situación de la Sala de lo Social madrileña. Un informe de su comisión permanente, fechado en abril de 1995, concluye que es necesario ampliar la plantilla de magistrados. Pero recomienda que se acabe con las suplencias de jueces y se opte por titulares. La Sala de lo Social de Madrid dispone de siete magistrados menos que la de Cataluña, a pesar de que cada año registra un mayor número de recursos que aquélla. PASA A LA PÁGINA 3
Espera mínima
El tribunal destinó en enero más magistrados para los miles de casos pendientes
La congestión que sufre esta sala perjudica a todos, desde trabajadores y empresarios hasta el propio Estado. El letrado Montejo narra, como ejemplo, el caso de 10 trabajadores despedidos en 1994. El juez de primera instancia declaró en septiembre de 1994 la nulidad de los 10 despidos. La empresa, que se basó para despedirles en causas económicas, recurrió el fallo a la Sala de lo Social del alto tribunal madrileño. Casi dos años después, en abril pasado, la sala ha dictaminado que los despidos son improcedentes, pero no nulos.El Estatuto de los Trabajadores establece que una persona que es despedida y acude a los tribunales debe obtener su fallo en un plazo de 60 días hábiles, que cuentan desde la fecha del registro de la demanda por despido.
El salario que corresponda al trabajador si el fallo se produce después de esos 60 días hábiles o cambia de signo respecto a uno anterior corre por cuenta del empresario, que, a su vez, puede reclamarlo al Estado, según explica Montejo.
En el caso de estos 10 trabajadores, que han tenido que esperar casi dos años para conocer el fallo de la Sala de lo Social, la cifra que ahora deberá desembolsar el Estado se aproxima a los 24 millones de pesetas, asegura Ignacio Montejo.
