Entre el lujo y los servicios básicos

Santiago Lanzuela, el presidente de Aragón, apunta otra vía de acción autonómica con un futuro impuesto medioambiental. Lanzuela no es partidario de una gran autonomía fiscal de las comunidades "porque entrar en una batalla de ese tipo entre 17 administraciones y la central podría tener enormes consecuencias".Aragón limita con varias autonomías con conciertos especiales, como La Rioja, Navarra y el País Vasco. También con Calaluña.

Lanzuela considera el territorio -Aragón ocupa el 10% del Estado y tiene 729 municipios- otro factor a tener en cuenta a la hora de las compensaciones entre comunidades ricas y las más pobres. Y recuerda la necesidad de abrir otro gran debate sobre "el diseño final del mapa competencial de los servicios públicos en cada una de las tres administraciones".

Pedro Sanz, presidente de La Rioja, apoya estas teorías y recalca que las comunidades deberían contar con capacidad normativa para "modificar los tipos de determinados impuestos estatales ya cedidos, como sucesiones, transmisiones y patrimonio". Es un planteamiento pactado con CiU.

Sanz sostiene que las autonomías deben pagar "con recargos en. sus impuestos los lujos a ofrecer a sus ciudadanos por encima de los servicios básicos".

El presidente valenciano, Eduardo Zaplana, se ha entrevistado en las últimas semanas con sus homólogos de Baleares, Cristòfol Soler, y Murcia, Ramón Luis Valcárcel, para redactar en conjunto un documento con sus planteamientos.

Esta corriente defensora en el PP del arco mediterráneo propone que en la reforma del sistema de financiación se profundice en el factor de la "población asistida o flotante". Reclaman un cambio de la financiación per cápita, en sanidad, infraestructuras de transportes, agua y otros servicios que se mantienen en invierno con una población de derecho para unos usuarios que se triplican en verano.

Este factor turístico no ha sido admitido por el Tribunal Constitucional que ha rechazado un recurso del Gobierno balear contra los presupuestos estatales de 1988 por estimar que esos desequilibrios no se pueden compensar financieramente.