¿Democracia racial?

NO ES un secreto que las gestas en favor de los derechos de la persona y la humanidad requieren mayor grandeza que las medidas que dicta el miedo y el egoísmo, motores de la xenofobia. Pero produce tanta sorpresa como tristeza que en los, dos Estados que proclamaron los derechos del hombre -Estados Unidos y Francia- se planteen, e incluso prosperen a veces, iniciativas legislativas que consagran la discriminación entre seres humanos por razones administrativas y de origen.En EE UU, en especial en California, el objetivo de frenar la inmigración ilegal se traduce en leyes que impiden el acceso a hospitales y colegios públicos a quienes no puedan acreditar un visado de ingreso. Francia ha iniciado la misma senda. Ayer, la comisión de la Asamblea Nacional francesa para el control de la inmigración. clandestina presentó 46 proposiciones contra la inmigración ilegal que han alarmado incluso a los más esforzados defensores de la impermeabilidad fronteriza para personas procedentes del Tercer Mundo. La legislación de 1993, elaborada por el entonces ministro del Interior, Charles Pasqua, nada sospechoso de debilidad en la materia, queda reducida a una regulación filantrópica frente a las propuestas presentadas por dicha comisión.

La inmigración ilegal es un grave problema de las sociedades desarrolladas y la falta de control provoca con frecuencia miedos que las fuerzas antidemocráticas capitalizan regularmente. No parece discutible el derecho de todo Estado a regular el acceso a su territorio. Es pura demagogia sugerir a este respecto una política de puertas abiertas a la inmigración, porque las consecuencias serían gravísimas para las poblaciones autóctonas, para los propios inmigrantes y para los sistemas democráticos. Pero también es cierto que la presión migratoria no sería la que es si fuera otra la política de desarrollo del Tercer Mundo.

Quede dicho que muchas de las propuestas presentadas por la comisión francesa son de muy dudosa constitucionalidad, que es improbable que la mayoría parlamentaria se avenga a aprobarlas y que, en última instancia, contarían con un más que probable rechazo de la sociedad francesa. Pero el simple hecho de que estas resoluciones hayan sido aprobadas por la comisión parlamentaria demuestra los avances de un nacionalismo pararracista que niega el mínimo respeto a las personas de otra procedencia, especialmente de otras etnias y culturas.

Negar la asistencia médica y la educación a los inmigrantes ilegales, hacer ficheros de los franceses que los acojan como si de delincuentes se tratara y expulsar a hijos de inmigrantes nacidos en Francia, negándoseles el derecho a la nacionalidad como era práctica habitual, son medidas que van mucho más allá del imprescindible control de la inmigración. Y supone la cumbre de la hipocresía decir que se toman para luchar contra la extrema derecha cuando lo que se está haciendo es asumir los postulados de quien se dice combatir. Las democracias no pueden defenderse recurriendo a métodos que niegan sus principios.