El largo cautiverio del dueño de Alditrans

El secuestro de José María Aldaya Etxeburua, de 54 años, se ha convertido, por un lado, en el más largo ocurrido en España, y, por otro, en una especie de estandarte que ETA ha utilizado para recordar a los empresarios lo que les puede ocurrir si no pagan el denominado impuesto revolucionario. Fuentes de Interior sospechan que el miedo provocado por el caso Aldaya ha hecho engordar las finanzas etarras, aunque resulta imposible cuantificar en qué medida.Aldaya, propietario de la empresa de transportes Alditrans, fue secuestrado el 8 de mayo del año pasado, cuando regresaba en coche a su chalé de Hondarribla (Guipúzcoa). Según el comunicado oficial publicado dos semanas después en el diario Egin, su "arresto" fue decidido, por ETA ante su negativa a pagar el impuesto.

El 20 de mayo, unas 70.000 personas salieron a las calles de San Sebastián para pedir la liberación de Aldaya. Un día más tarde, HB respondió a la movilización política y ciudadana convocando una contramanifestación. La primera. Luego se convirtió en una estrategia constante durante todo el largo secuestro, de tal forma que ETA reconocería más tarde que el caso Aldaya le ha servido para despertar la reacción de los grupos integrados en el Movimiento de Liberación Nacional Vasco.

La organización terrorista tardó más de dos meses y medio en dar pruebas fehacientes de que el industrial estaba en sus manos. Y lo hizo mediante el procedimiento habitual: la difusión de dos fotografías del empresario en su cautiverio, lo que, según la familia, suponía la primera comunicación de los etarras. Sin embargo, la policía había detectado ya a mediados de mayo varias llamadas telefónicas a personas del entorno de Aldaya, encaminadas posiblemente a enviar mensajes antes de iniciar las negociaciones propiamente dichas.

Desde el primer momento se barajó que ETA exigiría el pago de un rescate de 1.000 millones, cifra que "recomendaba" el colaborador que en su día facilitó a la banda terrorista la información que posteriormente sería utilizada para realizar el secuestro. Y los Aldaya, también desde el primer momento, hicieron saber que su liquidez económica no les permitía hacer frente a un pago tan desorbitado.

El 10 de julio pasado, los aduaneros interceptaron en la frontera de franco-suiza de Fernay Voltaire a un amigo de los Aldaya que ocultaba 50 millones de pesetas en su coche. Interior siempre ha mantenido que ese dinero no era parte del rescate. Pero ¿qué significaba el escrito dirigido a Aldaya que el detenido llevaba consigo? Según declaró él mismo, su Intención era publicarlo en la sección de cartas al director de un periódico.

Las organizaciones pacifistas mantuvieron durante los meses pasados una permanente e intensa movilización en pro de la liberación de Aldaya, que se concretó en más de medio millar de manifestaciones y concentraciones. Pese a esta enorme presión social, el tiempo ha acabado dando la razón a los expertos policiales que vaticinaron que éste iba a ser un secuestro "muy largo", del que ETA iba a extraer una "alta rentabilidad" propagandística.

La viceministra de Interior, Margarita Robles, reconoció a finales de enero que todos los indicios hacían temer que ETA no dejaría en libertad a Aldaya durante la campaña electoral del 3-M. Y eso pese a que el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, dijo que "había oído" que el Industrial sería puesto en libertad en breve.

A mediados de febrero, la policía creía que los Aldaya habían pagado en Francia, a través de intermediarios nuevos y totalmente desvinculados de la organización terrorista, los 100 millones de rescate previamente acordados. El empresario, según pensaba la policía, podría quedar libre en los próximos días. Pero el tiempo fue pasando.

El caso Aldaya supuso una novedad en la actividad de ETA que no se producía desde hace más de 20 años: el secuestro de dos personas o más a la vez. En esta ocasión, aparte del propietario de Alditrans, la organización terrorista mantiene cautivo desde el pasado enero a José Antonio Ortega Lara, funcionario de la prisión de Logroño.

El secuestro de Ortega, además, no tiene móviles económicos, sino que su probable objetivo es presionar al Gobierno para que ponga fin a la política de dispersión y reagrupe a los más de 500 presos de ETA en cárceles del País Vasco.

Entre algunos expertos anti-ETA se baraja la hipótesis -no la certeza- de que los terroristas que secuestraron tanto a Aldaya como a Ortega no son los mismos que después quedaron encargados de custodiarlos. Y otra sospecha más: el agujero construido para retener a ambos puede hallarse en la comarca de Hernani (Guipúzcoa).