Bruselas quiere tener más poder sobre la política económica de los países que no accedan al euro en 1998
La Comisión Europea puso ayer sobre la mesa una propuesta que puede acabar provocando una tempestad comunitaria. Su presidente, Jacques Santer, propuso que los planes de convergencia de los países que no puedan entrar en el euro sean pactados con el Ecofin antes de ser aprobados por cada Gobierno, y no después como se hace ahora. El cambio puede parecer un matiz banal, pero para algunos supone dar a los Quince un poder decisorio que ahora no tiene sobre la política económica de un país.La propuesta persigue dar credibilidad ante los mercados a las monedas que se queden fuera del curo y reforzar la poda de sus finanzas públicas hasta el punto de que cuando el curo salga realmente a la calle, en el verano del 2002, incluya a casi todas las monedas.
La idea de Santer tiene especial importancia para los países cuyos criterios de convergencia se encuentran entre Pinto y Valdemoro. Es, desde luego, el caso de España, pero también de Italia, de Portugal, de Suecia, de Finlandia o hasta de Bélgica. Pero la acogida ha sido dispar. Para Pedro Solbes es "una idea interesante", es "positiva porque su objetivo es intentar integrar en el euro a las monedas que pueden quedarse fuera", pero "se ha de estudiar con más detenimiento" antes de calibrarla en todas sus consecuencias. Para el británico Kenneth Clarke se trataría de "una ingerencia absolutamente intolerable en la soberanía nacional", algo innegociable. El portugués Antonio Sousa Franco renegó de ella hasta el punto de amenazar con ir al Tribunal de Luxemburgo si se llega a aplicar.
El respeto a la "soberanía nacional" es el principal escollo con que puede tropezar la propuesta de la Comisión Europea, aunque para Bruselas esa soberanía queda a salvo "porque cada país sigue manteniendo la capacidad de aplicar o no ese plan de convergencia y porque esta nueva modalidad no estaría acompañada de nuevas sanciones para el que incumpla".
Según el plan de Santer, el sólo hecho de que los planes de convergencia hayan sido pactados previamente a nivel comunitario otorgará a las divisas de esos países mayor credibilidad ante los mercados y por lo tanto disminuirá el riesgo de que sean atacadas por los especuladores; al mismo tiempo, los objetivos de austeridad serán más rigurosos ya que no dependerán sólo del voluntarismo de los Gobiernos nacionales, sino de la capacidad de estos para superar la presión del Ecofin en favor de una política de rigor.
Los críticos a este proyecto señalan que contribuirá a separar al ciudadano del proyecto europeo al achacar a las amplias espaldas de Bruselas las decisiones de recorte de gasto o los aumentos de impuestos que sean consecuencia de unos planes de convergencia especialmente rigurosos.
