El PP juega a fondo la baza de los traspasos a las autonomías para lograr un pacto con CiU

El PP ha comunicado a los partidos nacionalistas, a CIU y PNV, en sus rondas negociadoras para buscar apoyos a un futuro Gobierno, que existe un amplio margen de maniobra para el desarrollo autonómico. Los dirigéntes del partido que preside Aznar están identificando un paquete de cesiones que consideran suficiente para lograr el pacto. El PSOE contempla este proceso con el temor de que la necesidad del acuerdo lleve a ofrecer la desaparición de la Administración periférica del Estado por la vía de la Administración única, base de las ofertas del PP a CiU, PNV y Coalición Canaria.

El Partido Popular está utilizado la Administración única como fórmula para ensanchar desarrollo autonómico, ya muy avanzado en Cataluña y País Vasco. La reunión a la que convocó Aznar a Manuel-Fraga, padre de la idea, el viernes en Madrid, tuvo como objetivo explotar todas las posibilidades de la propuesta del presidente de la Xunta de Galicia.Esta fórmula posibilitaría, según deducen los nacionalistas de los primeros contactos mantenidos con el PP, la supresión de gobernadores civiles, señera reclamación de CiU, o la cesión de la gestión de un puerto estratégico como el de Bilbao y de un aeropuerto como el de Sondika, solicitadas también de antiguo por PNV.

El PP no ha hecho aún oferta precisas. Tantea posibilidades como evitar el nombramiento de gobernadores civiles, una vez que Aznar forme Gobierno, y potenciar alternativamente la figura de los delegados de Gobierno.

Ha puesto sobre la mesa la cesión a las autonomías de un nuevo tramo del IRPF, del 15% a 30%; la revisión de la Ley d Costas; la policía integral pan Cataluña, es decir, la desaparición de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) en esta comunidad, la participación de la autonomías en las instituciones europeas y una mayor descentralización de los fondos de cohesión europeos.

Negativas del Gobierno

Ministros como el de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, el de Trabajo, José Antonio Griñán, creen que queda muy poco margen a la negociación autonómica sin que afecte a la cohesión territorial del Estado, con excepciones como una fórmula más amplia de participación en las decisiones europeas o el aumento de tramo cedido del IRPF.

Con ese criterio, el Gobierno rechazó la revisión de la Ley de Costas, tal y como la formulaba CiU, esto es, haciendo prevalecer las normas urbanísticas sobre la defensa de la naturaleza. También se opuso a la pretensión de suprimir los gobernadores civiles o a la cesión de Tráfico a la policía autonómica catalana, por considerar que la excluye expresamente el Estatuto de Sau, y puso límites al intento de CiU de utilizar libremente por las comunidades autónomas el porcentaje descentralizado e los fondos de cohesión europeos.

También rechazó la pretensión del PNV de contar con la competencia del puerto de Bilbao o del aeropuerto de Sondika; la de descentralizar el Inem, la creación del banco central vasco o el régimen económico de la Seguridad Social, aspectos más destacados de los 45 traspasos que el Gobierno vasco sigue reivindicando para completar el Estatuto de Gernika.

La novedad reside en que una buena parte de estos asuntos están siendo tenidos en cuenta por el PP en las conversaciones con los nacionalistas. El único límite reconocido hasta ahora por el PP a las pretensiones de los partidos nacionalistas es la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, pero parece predispuesto a ceder en los gobernadores civiles, en la policía integral para Cataluña y en la gestión de puertos y aeropuertos.