Las licencias urbanísticas ignoran las normas municipales sobre vertidos de escombros

El gerente de Urbanismo, Luis Rodríguez Avial, no aplica, y además ignora, las normas municipales sobre el vertido de tierras y escombros. El artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Transportes y Vertidos de Tierras y Escombros reza: "Toda concesión de licencia de obras de construcción, reforma, vaciado o derribo indicará el punto de vertido de todos los productos procedentes de aquellas obras y el volumen estimado de los mismos". Una norma tan clara como incumplida que hace posible la proliferación de escombreras ilegales como la de Las Cárcavas.

"La primera noticia que tengo", respondió Rodríguez Avial cuando se le preguntó por la aplicación del precepto. "Ni en los ocho años que he trabajado como arquitecto privado en Madrid he tenido que especificar nunca dónde se iba a verter. Me temo que no se ha aplicado nunca. Si nos ponemos a escarbar la cantidad de ordenanzas que no se cumplen... ". Sin embargo, existen contraejemplos de la tesis de Rodríguez Avial.EL PAÍS logró encontrar una licencia -sólo una- de 1993 (referida a las obras del centro comercial de Aluche) en la que se indicaba que los desechos debían trasladarse a una escombrera del kilómetro 14 de la carretera de Valencia (junto a Valdemingómez) que está clausurada ya según fuentes del sector.

En cambio, los permisos para edificar en toda la zona de crecimiento de Hortaleza no incluyen referencia alguna a los vertidos, que en su mayoría han ido a parar a la escombrera ilegal de Las Cárcavas, la más cercana.

Un representante de la Asociación de Empresarios de Movimiento de Tierras (AEMAT), Manuel Lyon, se sorprende del desconocimiento de la legalidad por parte de la máxima autoridad urbanística municipal. "Es una vergüenza", dice; "una cosa que es no se aplique la ley y otra que además se ignore". "Por nosotros se solucionaba el problema mañana mismo", asegura. Trasladar los escombros a vertederos legales alejados de la ciudad unos 20 kilómetros encarecería el coste de las obras un 0,2%, según la asociación empresarial.

Es decir, un piso de 20 millones de pesetas pasaría a costar 20.040.000 pesetas a cambio de llevar a un destino adecuado los materiales de desecho. En la actualidad, el transportista que se encarga de retirar tierras de las obras tiene que tomar la decisión de dónde llevar su carga.

Según se lee en su preámbulo, la ordenanza de 1984 pretendía remediar el problema de los vertidos incontrolados y las escombreras ilegales, como la de Las Cárcavas (en Hortaleza), que actualmente investiga un juez.

Precisamente el Juzgado de Instrucción número 14 tomó declaración ayer al comisario y la militante del PP que figuran como accionistas en la empresa que explota el vertedero: José Luis Requena, comisario de Retiro y que anteriormente ocupó el mismo cargo en Chamartín (y por ende en Hortaleza), y María Isabel Mínguez. En la sociedad Vertederos del Norte, SL participan además otros seis accionistas, que no han sido llamados por el juez, según el comisario.

Ambos imputados declinaron hacer declaraciones a la salida del juzgado y sus abogados se limitaron a señalar que no se ha cometido ninguna ilegalidad civil o penal, y ni siquiera administrativa, puesto que la orden de cierre que dictó el anterior gerente de Urbanismo, Pedro Areitio, fue recurrida. Ahora esperan la concesión de la licencia de funcionamiento.

El Ayuntamiento permite la actividad en el vertedero en el futuro parque de Valdebebas o Casa de Campo del Este pese a que de momento es ilegal. El actual gerente tramita la legalización de la escombrera con el argumento de que no hay sitios donde depositar escombros cerca de la ciudad.

AEMAT (que integra a 150 empresarios, el 100% de los que operan en la Comunidad de Madrid, según Lyon), asegura que existen muchas canteras y graveras abandonadas que rellenar en la Comunidad de Madrid, entre las que cita algunas de Arganda del Rey.