Un estudio de la Fundación BBV urge reformar el sistema de pensiones y descarta el modelo chileno

El sistema público de pensiones y prestación por desempleo español no es viable si no se introducen reformas, ya que arrojaría un déficit. superior al 2% del PIB en el año 2000, lo que lo haría incompatible con el objetivo de cumplir los criterios de Maastricht (3% de déficit público). Ésta es la principal conclusión del informe que sobre el sistema contributivo han elaborado más de 30 expertos, la mayoría ligados a la Universidad. El informe descarta el pase inmediato a un sistema privado de capitalización, el modelo chileno, y urge reformas en el actual sistema público para equilibrarlo financieramente, ya que la creación de empleo no será suficiente para sufragar el incremento del gasto.

El informe, codirigido por los catedráticos José Barea y José Manuel González Páramo, ha supuesto dos años de trabajo y fue dado a conocer ayer. Sus conclusiones suponen un claro apoyo al Pacto de Toledo que han suscrito todos los partidos, políticos ya que descarta el pase al sistema chileno, lo que, costaría 15 billones de pesetas, es decir, 2,5 veces el producto interior bruto español (PIB), pero urge reformas en el actual sistema público para que sea viable financieramente y a corto plazo. Pese a que el estudio no se pronuncia por ninguna medida concreta, sí afirma que el conjunto de reformas tiene que pasar "por aplicar estrictamente el criterio de proporcionalidad, tanto entre cotización y prestación, como entre regímenes contributivos, así como por reducir el fraude".Según el informe, el déficit total del sistema de pensiones públicas se situará en tomo al 1,6% del PIB ya en el año 2000, ampliándose en los años siguientes, mientras el déficit en desempleo, que en 1993 era del 0,36% del PIB irá aumentando hasta alcanzar el 0,59% en el 2005. En conjunto, el total del sistema contributivo -pensiones y prestación de desempleo- arrojará en el año 2000 un déficit superior al 2%, irá aumentando hasta llegar al 2,24% del PIB en el año 2005 y a partir de entonces irá en declive propiciado por una caída en el déficit por desempleo, aunque seguirá aumentando el de pensiones. Todo ello con unas previsiones, hasta el año 2000, de un crecimiento de la economía del 3,5%, un crecimiento de los cotizantes del 1% y de los salarios reales y las bases de cotización del 1,6% acumulativo anual. Cualquier empeoramiento sobre estas hipótesis, obviamente agrandaría el déficit del sistema.Alternativas

Ante esta situación, la disyuntiva, según el informe es cumplir o no con Maastricht, o aumentar la presión impositiva o reformar el actual sistema, posición está última por la que se inclina "con carácter inmediato". Los expertos calculan que solucionar por la vía de más cotizaciones el desequilibrio financiero en pensiones supondría aumentar la aportación de cada cotizante un 79,9% hasta el año 2020 y un 37,3% por desempleo hasta el año 2005. El informe afirma que España debe cumplir con Maastricht y no puede hacer tabla rasa de su Estado del bienestar por lo que debe emprender las reformas urgentemente, "y no dejar los deberes para mañana".

Los expertos calculan que entre 1993 -año base del estudio- y el 2000 se crearán. 700.000 empleos y dos millones hasta el año 2020. Sin embargo, el aumento de ingresos que ello supondrá a la Seguridad Social no será suficiente para financiar el incremento de los gastos porque la. tasa de crecimiento de empleo será menor que la de los pensionistas.

A diferencia del estudio que ha realizado el Ministerio de Trabajo, el de la Fundación BBV hace mucho hincapié en los factores demográficos para vaticinar la inviabilidad del sistema si no se introducen reformas. En el año 1991 la tasa de dependencia demográfica-, es decir, la carga que soportarán las personas en edad de trabajar era del 20,6%, o sea que había 26 millones de personas entre 15 y 64 años y 5,3 millones de más de 65 años. En el 2001 esa tasa estará entre el 24,5% y 25,2% y en el 2011 entre el 25,8% y el 28,2%.

Los expertos citan también el fraude como una de las causas del déficit, hasta el punto que en desempleo, por ejemplo, no creen que haga falta un nuevo recorte de prestaciones, sino simplemente mejorar los sistemas de control sobre el beneficiario de la prestación.

Pese a que el estudio descarta el pase inmediato a un sistema privado de capitalización (en el que cada contribuyente ahorra para financiar su propia pensión futura), no cierra la puerta a un mayor peso de éstos como complemento de las pensiones públicas. Destaca que permiten disminuir los gastos del Estado al tiempo que fomentan el ahorro. "España", dice, "tiene una tarea fundamental por delante: homogeneizar y clarificar la base jurídica de los sistemas privados, actualmente muy heterogénea. Pero pensar en una sustitución de un sistema por otro [público de reparto -en el que las cotizaciones de los trabajadores financian las pensiones de los actuales jubilados- por privado (le capitalización] en un plazo medio no es prudente".