Hoces cortantes

CON LA adjudicación por el Consejo de Ministros de las obras del último tramo de la autovía Madrid-Valencia se resuelve, por la vía de los hechos, el contencioso planteado por el paso de esa carretera por parajes próximos a las llamadas hoces del río Cabriel. No hay duda de que el Gobierno está legalmente capacitado para tomar esa decisión. Pero el problema de fondo que suscitan pugnas interregionales como la que enfrenta a Castilla-La Mancha y al País Valenciano en torno a este tramo de la autovía Madrid-Valencia sigue sin resolverse. En cualquier otra ocasión y otro lugar puede plantearse de nuevo.El Estado autonómico que ha sustituido al centralista sólo puede ser viable y operativo si existen instancias institucionales de arbitraje capaces de dirimir los inevitables conflictos de intereses de las regiones entre sí o de éstas en relación con los intereses generales del país. La inexistencia o inoperatividad de tales instancias, salvo quizá en el terreno educativo y fiscal, facilita que estos conflictos se enconen políticamente y se tomen armas arrojadizas en manos de los partidos, como sucede ahora. El problema del agua sirve para que los socialistas resalten las contradicciones de los dirigentes del Partido Popular: favorables a los trasvases en las comunidades sedientas del País Valenciano y Murcia, y reticentes o abiertamente contrarios en aquellas de las que se tomarían los excedentes. Y el paso de la autovía de Madrid - Valencia por el paraje ecológicamente conflictivo de las hoces del río Cabriel, a caballo entre las comunidades castellano-manchega y valenciana, da pie a los populares para resaltar, por su parte, las divergencias entre el Gobierno de Felipe González y el de su compañero de partido, José Bono, en Castilla-La Mancha.

El desgaste político y el despilfarro de energías que entrañan tales conflictos no son, desde luego, el mejor aval para una acción eficaz de gobierno. Una vez encauzado el contencioso histórico del acomodo de las nacionalidades y regiones en un proyecto constitucional aceptable, la preocupación esencial debe ser la eficacia con que debe funcionar el Estado autonómico en su conjunto. Y esta eficacia, que constituye una legítima exigencia de los ciudadanos, está reñida con la confrontación, el recelo y la rivalidad paralizante entre los diversos poderes públicos. De ahí la urgencia de instaurar o tomar operativos a esos organismos de cooperación y arbitraje -consejos o conferencias sectoríales Gobierno-autonomías- que eviten que el conflicto interregional derive por los derroteros del oportunismo político y del enfrentamiento personal. De todo ello ha habido grandes dosis en el contencioso de la autovía a partir del momento en que las obras se aproximaron a los límites de la comunidad que preside José Bono.

Los intereses locales o regionales han de ser tomados en consideración, pero no pueden ser los únicos a tener en cuenta cuando los afectados son otros muchos. Tal vez existan argumentos a favor de alternativas diferentes a la finalmente aceptada por el Consejo de Ministros para sortear el río Cabriel. Pero el debate no podía ser eterno, y la opción aprobada no ha sido elegida a la ligera, sino seleccionada entre las varias posibles a la luz de su impacto ambiental y teniendo presente que discurre a una distancia considerada ecológicamente inocua para el paraje natural que se intenta preservar. Oponer a esos estudios argumentos que hablan de dolor del paisaje o de eventuales efectos futuros hoy imprevisibles hace imposible una discusión racional. Y oponer los derechos de la naturaleza a los de los usuarios potenciales de la autovía, y hacerlo mediante un decreto-ley de ámbito autonómico aprobado sobre la marcha para declarar reserva natural ese paraje en el lado castellano-manchego, recuerda demasiado a los argumentos populistas de quienes siempre han pretendido que aquello que, favorecía sus intereses del momento defendía a la vez los de la humanidad en su conjunto.