Desafío a la justicia
QUE HERRI Batasuna (HB) es la plataforma de complicidad legal con ETA es sólo un secreto para quien prefiera ignorar certezas. Siempre fue así. Pero ahora ya ni siquiera se oculta. Existe un comite de enlace entre la cara legal y la ilegal que se llama Coordinadora KAS, en la que está directamente representada ETA, y que emite comunicados y concede conferencias de prensa. Y los dirigentes de esa coordinadora copan desde hace años la mayoría de los puestos de la dirección de HB: algo que en su día fue visto críticamente desde el nacionalismo democrático y comentado también desfavorablemente por la prensa. Si, pese a ello, HB ha encontrado amparo legal, es porque la naturaleza del sistema trata de ganar para la democracia a las fuerzas políticas que no se hallan en ella. La experiencia demuestra que tal vocación tuvo éxito a veces. Pero siempre es difícil encontrar el equilibrio entre ese deseo de integración democrática y el riesgo de favorecer los planes de quienes tratan de acabar con la libertad.La provocación de Idígoras al negarse a comparecer ante el juez con el argumento de que HB "no reconoce la legitimidad del Estado español" confirma que lo más urgente ahora es acabar con la sensación de impunidad de que goza esta gente. Idígoras ha sido convocado como representante legal de HB. Que el resto de los dirigentes de ese partido se hagan corresponsables de la supuesta ilegalidad es irrelevante. Es cierto que HB realiza actos ilegales con gran frecuencia. Y que casi siempre quedan impunes. También es cierto que desde hace algunos años sus dirigentes ni siquiera tienen a bien presentarse cuando los convocan los jueces. Pero el hábito de incumplir la ley no otorga el derecho a seguir haciéndolo. Lo que procede es aplicar la legislación vigente a las actuaciones concretas. de sus miembros si su legalidad ofrece dudas: ceder la voz a ETA para la difusión de un vídeo de propaganda terrorista en plena campaña electoral, la presencia de encapuchados etarras en sus mítines, las amenazas o incitaciones a la violencia en los medios son actuaciones de las que deben responder penalmente sujetos concretos.
Si el resultado de la investigación es o no la disolución de HB es algo que tendrán que decidir los jueces, de acuerdo con las leyes y con independencia de la opinión que al respecto puedan tener los partidos nacionalistas, el Gobierno o la Mesa de Ajuria Enea. Algunos de los efectos que hoy lamentamos provienen precisamente de la relativización de la ley en nombre de consideraciones de oportunidad coyuntural. Hoy sabemos, además, que muchas de esas consideraciones -evitar el victimismo en campaña, no favorecer su ansia de llamar la atención- han resultado secundarias respecto al efecto principal derivado de la pasividad: que la nueva generación radical considere un derecho inalienable quemar furgonetas policiales, impedir el derecho de manifestación de los de más, desfogarse a costa del mobiliario urbano o cobrar cuotas mafiosas a los establecimientos. O integrarse en un comando de ETA para cosechar muertes. Desmentir esta perversa impresión, haciendo cumplir la ley, es tina de las capitales tareas dQ este momento.
