Vuelve la polémica del 'café para todos'

La configuración de España como Estado Autonómico fue uno de los rasgos definitorios de la Constitución de 1978. Desde entonces el camino recorrido ha sido largo y fructífero, aunque incompleto para los partidos nacionalistas, que reclaman mayores cotas de autogobierno sobre la base de una lectura abierta de la Constitución. Pensado en principio para dar satisfacción a las reivindicaciones de las tres comunidades que habían tramitado sus estatutos en 1936 -Cataluña,Euskadi y Galicia-, el modelo autonómico se generalizó a 17 autonomías. Fue el llamado café para todos, impulsado por el PSOE y la UCD para acallar las quejas de las regiones que temían sufrir una discriminación. Una ley para homogeneizar y limitar el sistema (la LOAPA, impulsada en 1981 por socialistas y centristas) fracasó al ser declarada parcialmente inconstitucional.

CARLES PASTOR Los partidos nacionalistas reclaman mayores cotas de autogobierno y rechazan la pretensión de poner punto final al proceso de transferencias, acogiéndose a una lectura abierta de la Constitución que, argumentan, es la que se les prometió durante su elaboración. Los nacionalistas reivindican que la distinción constitucional entre nacionalidades (subterfugio de la época para no referirse a naciones) y regiones tenga una traducción en la práctica, para que las comunidades con menos conciencia autonómica no lastren el autogobierno de quienes desean más poder político.

No es ésta la filosofía del Partido Popular, por lo que si gana las elecciones los encontronazos del nuevo Gobierno y las comunidades gobernadas por nacionalistas están asegurados. El PP quiere ir a una "igualación competencial básica" y sólo admite excepciones en las materias vinculadas a los hechos diferenciales: lengua propia, regímenes forales y conciertos vasco y navarro, o insularidad.

La financiación de las comunidades autónomas ha sido en el pasado y será en el futuro otro foco de conflictos. La atribución alas comunidades autónomas de régimen común del 15% del IRPF recaudado en sus territorios fue un acuerdo polémico pero asumido ya por quienes antaño lo criticaron. Los nacionalistas catalanes reclaman que ese porcentaje pase ahora al 30% y participar también de la recaudación del IVA y de los llamados impuestos especiales. Y también que la nueva fórmula quinquenal de financiación acabe con que unas comunidades reciban del Estado mucho más dinero per cápita que otras para un mismo nivel de competencias. Esas diferencias se dan entre comunidades de régimen común pero sobre todo entre éstas y las forales (Euskadi y Navarra). En 1994, la media de las primeras era de 120.881 pesetas por habitante por servicios equivalentes (según cálculos de CiU), mientras que las que tienen un régimen de cupo y concierto económico recibieron una media de 229.193. Los socialistas, pero sobre todo los populares, creen haber encontrado la solución atribuyendo a las autonomías capacidad para incrementar la presión fiscal si es que quieren o necesitan más dinero, lo que es rechazado por CiU.

La propuesta de Manuel Fraga de Administración única -las comunidades autónomas asumirían también la gestión de competencias de titularidad estatal- ha sido recogida por el programa del PP aunque con el nombre de "Administración común". Pero no parece que vaya a representar la desaparición de la Administración periférica del Estado.