Elecciones 3 de marzo

Vuelve la polémica del 'café para todos'

Sindicalista de la Administración de JusticiaDe guardia civil a 'mosso'Maestro que no domina el euskera

La configuración de España como Estado Autonómico fue uno de los rasgos definitorios de la Constitución de 1978. Desde entonces el camino recorrido ha sido largo y fructífero, aunque incompleto para los partidos nacionalistas, que reclaman mayores cotas de autogobierno sobre la base de una lectura abierta de la Constitución. Pensado en principio para dar satisfacción a las reivindicaciones de las tres comunidades que habían tramitado sus estatutos en 1936 -Cataluña,Euskadi y Galicia-, el modelo autonómico se generalizó a 17 autonomías. Fue el llamado café para todos, impulsado por el PSOE y la UCD para acallar las quejas de las regiones que temían sufrir una discriminación. Una ley para homogeneizar y limitar el sistema (la LOAPA, impulsada en 1981 por socialistas y centristas) fracasó al ser declarada parcialmente inconstitucional.

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CARLES PASTOR Los partidos nacionalistas reclaman mayores cotas de autogobierno y rechazan la pretensión de poner punto final al proceso de transferencias, acogiéndose a una lectura abierta de la Constitución que, argumentan, es la que se les prometió durante su elaboración. Los nacionalistas reivindican que la distinción constitucional entre nacionalidades (subterfugio de la época para no referirse a naciones) y regiones tenga una traducción en la práctica, para que las comunidades con menos conciencia autonómica no lastren el autogobierno de quienes desean más poder político.

No es ésta la filosofía del Partido Popular, por lo que si gana las elecciones los encontronazos del nuevo Gobierno y las comunidades gobernadas por nacionalistas están asegurados. El PP quiere ir a una "igualación competencial básica" y sólo admite excepciones en las materias vinculadas a los hechos diferenciales: lengua propia, regímenes forales y conciertos vasco y navarro, o insularidad.

La financiación de las comunidades autónomas ha sido en el pasado y será en el futuro otro foco de conflictos. La atribución alas comunidades autónomas de régimen común del 15% del IRPF recaudado en sus territorios fue un acuerdo polémico pero asumido ya por quienes antaño lo criticaron. Los nacionalistas catalanes reclaman que ese porcentaje pase ahora al 30% y participar también de la recaudación del IVA y de los llamados impuestos especiales. Y también que la nueva fórmula quinquenal de financiación acabe con que unas comunidades reciban del Estado mucho más dinero per cápita que otras para un mismo nivel de competencias. Esas diferencias se dan entre comunidades de régimen común pero sobre todo entre éstas y las forales (Euskadi y Navarra). En 1994, la media de las primeras era de 120.881 pesetas por habitante por servicios equivalentes (según cálculos de CiU), mientras que las que tienen un régimen de cupo y concierto económico recibieron una media de 229.193. Los socialistas, pero sobre todo los populares, creen haber encontrado la solución atribuyendo a las autonomías capacidad para incrementar la presión fiscal si es que quieren o necesitan más dinero, lo que es rechazado por CiU.

La propuesta de Manuel Fraga de Administración única -las comunidades autónomas asumirían también la gestión de competencias de titularidad estatal- ha sido recogida por el programa del PP aunque con el nombre de "Administración común". Pero no parece que vaya a representar la desaparición de la Administración periférica del Estado.

Vicente Navarro

Vicente Navarro, nacido en Badalona hace 32 años, es oficial de la Administración de Justicia y preside la Junta de Personal de la provincia de Barcelona. A él y a otros dirigentes sindicales, CC OO les invitó a darse de baja por encabezar la oposición de los 5.200 funcionarios de Justicia destinados en Cataluña a ser transferidos a la Generalitat. "¿Qué podíamos hacer, si el 93% de la plantilla votó no a ser transferidos y luego las asambleas se opusieron al reglamento que se nos quiere imponer?".A finales de 1994, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial abrió la puerta a esa transferencia. Los funcionarios se oponen a que el Gobierno autónomo pueda modificar sus horarios y el régimen disciplinario, entre otras cuestiones que creen que deben seguir teniendo un carácter homogéneo en todo el territorio español.

Gabriel Alcalá Pérez

Gabriel Alcalá es un Mosso d"Esquadra de 42 años nacido en Palos de la Frontera, la población onubenses desde donde partió Colón en 1942 para descubrir América. Alcalá, casado y padre de dos hijos, fue antes Guardia Civil.En 1980 entró en los mossos de la Diputación de Barcelona y en 1983 este cuerpo se convirtió en la policía autonómica de Cataluña. Alcalá reconoce que hizo el cambio por motivos económicos y porque no quería dejar Cataluña. "A principios de los ochenta los mossos ganaban 58.000 pesetas; y los guardias civiles, 48.000", señala. En la actualidad un mosso gana 180.000 pesetas; y un guardia civil, 140.000. "Además", añade Alcalá, "estoy integrado en Cataluña. Hablo catalán y no quiero moverme de Barcelona. Estoy bien con los mossos, un cuerpo policial que nació en 1690 y que tiene un buen entorno de trabajo".

Iñaki Delacotera

"Llevo 21 años en el mismo colegio, soy el segundo funcionario más antiguo del centro y ahora tengo que buscarme la vida porque mi plaza ha sido ocupada por una persona que posee el nivel 2 de euskera". Lo explica Iñaki Delacotera, de 26 años, maestro en un colegio público en Bilbao. "Lo indignante es que a mi plaza de sexto de EGB en la especialidad de Ciencias Sociales se le asignó el perfil 1 con un plazo de vencimiento que llegaba hasta el año 2003 y la exención de acreditar ese perfil al pasar de los 45 años. En el curso pasado, al desaparecer sexto se establece una nueva plantilla y de buenas a primeras se modifican alegremente los perfiles lingüísticos y se le asigna a mi plaza el nivel 2. La ley de funcionarios no se cumple, a mí nadie me ha comunicado oficialmente nada y por lo que sé hay otros muchos maestros en idéntica situación".

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 19 de febrero de 1996.

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