El Gobierno se guarda bazas para actuar contra Bélgica si persiste en su negativa

El Gobierno español confirmó ayer que suspende parcialmente la aplicación del Convenio de Schengen con Bélgica a causa de sus dilaciones para entregar a la justicia española a dos presuntos colaboradores de ETA, pero se reserva adoptar otras medidas si el Consejo de Estado belga (Tribunal Supremo administrativo) ratifica en seis meses su negativa del lunes a extraditar a Luis Moreno Ramajo y Raquel García Arranz.

La respuesta de Bélgica, a través de su Ministerio del Interior, no se ha hecho esperar: España no puede suspender unilateralmente parte del acuerdo sin convocar antes al Comité Ejecutivo de Schengen, que reúne a los ministros de Interior signatarios del convenio.El Consejo de Ministros español autorizó ayer al titular de Asuntos Exteriores, Carlos Westendorp, a iniciar los trámites necesarios para la suspensión de Schengen entre España y Bélgica en lo concerniente a las extradiciones y la cooperación judicial, según anunció el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, al término de. la reunión del Gabinete.

En concreto, el Ejecutivo tiene la intención de denunciar por ahora los artículos 2 y 4 del título tercero del convenio que aplican siete países (Alemania, Bélgica, Francia, España, Holanda, Luxemburgo y Portugal). Schengen, que entró en vigor en marzo del año pasado, suprime en la práctica los controles en las fronteras comunes entre esos países y ahonda la cooperación policial y judicial entre sus socios.

La decisión adoptada ayer ratifica exactamente lo que el titular de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, había anunciado el lunes en Rabat. Sin embargo tres días después, el jueves, el ministro había dado a entender, ante los micrófonos de la SER en Zaragoza, que quería ir más lejos.

Belloch so pronunció entonces, aparentemente, por suspender las facilidades dadas en España a los viajeros que llegan en vuelos procedentes de Bélgica. En virtud del convenio citado, los pasajeros belgas no son sometidos a controles en los aeropuertos españoles.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores se considera que la homologación de los vuelos procedentes de Bélgica con los de los países que no forman parte de Schengen es la "munición" que el Gobierno español debe conservar para utilizar en julio si el Consejo de Estado belga (tribunal administrativo superior) confirma su negativa a extraditar a España a los dos presuntos colaboradores de ETA. El lunes, el Consejo de Estado se dio seis meses para estudiar la cuestión a fondo y tomar una decisión definitiva.

Echar mano ahora de la única arma no simbólica que aún queda en manos del Estado español, junto con la retirada del embajador, hubiese sido hacer un flaco favor al próximo Gobierno, cualquiera que sea su orientación política.

Las declaraciones de Belloch a la cadena de radio sorprendieron en círculos diplomáticos españoles por su aparente deseo de ir más allá de lo acordado ayer por el Gobierno y malgastar la última baza importante que le queda a España por jugar. Si España adopta en julio nuevas represalias contra Bélgica, es probable que el Gobierno de Bruselas tome medidas equivalentes.