Un director general de la Comunidad Valenciana otorga a su ex empresa la renovación administrativa

El director general de Modernización, José Emilio Cervera, ha pensado en su antigua empresa para renovar la Generalitat valenciana, presidida por el PP. Cervera, proviene de Andersen Consulting la multinacional que ha redactado el plan de innovación de la Sanidad valenciana. El trabajo fue contratado por el propio Cervera para incluirlo en el Plan Estratégico de Modernización de la Administración Valenciana. Por otra parte, la empresa Price Waterhouse realizó el informe sobre la Ciudad de las Ciencias que llevó al consejero de Hacienda, José Luis Olivas, a rechazar el proyecto de Santiago Calatrava. Juan Francisco García, jefe del Gabinete de Eduardo Zaplana, proviene de esa firma.

Andersen Consulting fue la empresa encargada de preparar la modernización informática de la Xunta de Galicia en los últimos años. El Gobierno de manuel Fraga, del PP, adjudicó a esa firma contratos por más de 500 millones de pesetas. En esas fechas, José Emilio Cervera trabajaba como director asociado de la división de gobierno y servicios de Andersen en Madrid.Tras la victoria del PP en otra comunidad, la valenciana, el nuevo presidente autonómico, Eduardo Zaplana, nombró a Cervera como director general de Modernización, precisamente el trabajo que Andersen Consulting realizó para la Xunta.

La firma ha sido contratada por la Consejería de Cervera para efectuar un plan de modernización sanitaria, que incluye propuestas financieras y otras respecto al equilibrio entre las redes pública y privada.

Andersen Consulting obtuvo sustanciosos contratos de la Xunta gallega, todos ellos relacionados con el nuevo diseño informático de las dependencias autonómicas. Con fecha 25 de junio de 1993 se le adjudicó por 200 millones de pesetas la realización de un plan para la modernización informática de la Consejería de Presidencia y Administración Pública. En marzo de 1992 obtuvo otro contrato para la modernización de delegaciones provinciales. Catálogos de puestos de trabajo y otros informes han sido contratados por el Gobierno de Manuel Fraga con esta empresa en los últimos años.

La ley no considera irregular el trabajo en la Administración de personas que proceden de empresas privadas. En cambio, la legislación española prohíbe durante un tiempo que un ex alto cargo público, tras su cese, realice trabajos privados en la misma especialidad que ocupó en la Administración.

Fuentes del Gobierno gallego señalaron que la utilidad de los informes encargados por la Xunta para la modernización fue escasa. Un catálogo de puestos de trabajo fue arrinconado finalmente y Administración y sindicatos comenzaron a negociar desde cero.