11 de las 12 empresas de la Agencia Industrial sumaron perdidas de 310.000 millones en 1995

Madrid - 29 ene 1996 - 00:00CET

Once de las 12 empresas que agrupa la Agencia Industrial del Estado (AIE) sumaron el pasado año pérdidas de alrededor de 310.000 millones de pesetas. Sólo una de ellas, la Corporación Siderúrgica Integral (CSI), nacida de la reconversión del sector, obtuvo un resultado positivo de 33.500 millones de pesetas. Las empresas de la Agencia recibirán este año de los Presupuestos Generales del Estado 390.000 millones de pesetas y el objetivo es conseguir que en 1999 sean sólo 180.000 millones. Según ha manifestado el presidente de la AIE, Antonio Fernándea-Segura, en todas ellas se empezará a negociar este año un contrato-programa con el Estado que clarifique las relaciones y aportaciones financieras.

La Agencia Industrial del Estado, creada a partir de la disolución del INI, agrupa a sectores e industrias de abultadísimos números rojos, y, al tiempo, masivos en mano de obra -tienen 44.495 trabajadores- y de fuerte incidencia territorial.La mayoría de sus empresas (11) sumaron en 1995 unas pérdidas totales de unos 310.000 millones de pesetas, incluyendo en ellos los fondos que recibirán Altos Hornos de Vizcaya (AHV) y Ensidesa para el saneamiento financiero. Si se excluyen, las pérdidas alcanzan los 170.800 millones de pesetas, según los resultados provisionales dados a conocer por la propia Agencia. AHV y Ensidesa, son los restos de la reconversión siderúrgica y están destinadas a desaparecer. No tienen actividad productora y en realidad lo que asumieron fue el pasivo del grupo. Sus activos están ahora en CSI.

De entre las empresas que tenía el antiguo INI, las de fúturo más dudoso, las de viabilidad más difícil, están desde el pasado mes de julio bajo la vigilancia de la AlE, cuya función principal es conseguir que las empresas adscritas sean más rentables con los fondos establecidos -sin desviaciones- y requieran, a la larga, menos ayudas públicas. La Agencia, según afirma su presidente, Antonio Fernández-Segura, será el medio para garantizar una mayor transparencia en la relación financiera entre el Estado y esas empresas, acostumbradas a requerir en muchas ocasiones financiación adicional a lo inicialmente previsto.

Pese al enorme caudal de números rojos que estas empresas arrastran, Fernández-Segura cree que tienen vías de futuro. "Todas las empresas de la Agencia, menos la Corporación de la Siderurgia Integral (CSI), tienen pérdidas y las seguirán teniendo, pero tienen también unas capacidades tecnológicas y de producción que pueden ser viables", dice. No piensa que sea el cierre el destino de estas empresas, sino ir al equilibrio patrimonial a partir de planes estratégicos que se irán reconvirtiendo en contratos-programa con el Estado.

Contratos-programa

Según afirma Fernández-Segura, este año deben negociarse todos esos contratos-programa, pese a que sólo está en marcha el de Hunosa, aunque no se haya firmado oficialmente. Añade que no cree que el proceso electoral paralice la negociación y puesta en marcha de los demás. De momento, lo que hay en cada empresa es un plan de viabilidad a medio plazo.En virtud de ellos, 2.921 trabajadores estuvieron el año pasado en regulación de empleo, y en virtud de ellos, también, las empresas obtienen las ayudas financieras del Estado y, en ocasiones, de la Unión Europea. Pero, ¿qué supone para estas empresas y para el grupo público en general la creación de la Agencia?

Según Fernández-Segura, fundamentalmente mayor control y transparencia en cuanto a la aportación de fondos públicos, y un refuerzo en la gestión, ya que se establece una especie de sistema de codecisión en las empresas entre sus gestores propios, y los de la Agencia. A diferencia del antiguo INI, la AlE no tiene capacidad de endeudamiento por lo que no puede facilitar ayuda económica a aquellas empresas que se hayan desviado de sus objetivos económicos o financieros. "Así", dice el presidente de la Agencia, Ias empresas ya saben con lo que cuentan -los fondos que se fijen en los Presupuestos- y las relaciones financieras con el Estado son más transparentes".

Excepción hecha de la siderurgia integral, que el año pasado presentó beneficios, las empresas de la Agencia no tienen un futuro brillante a corto plazo. Pero no por ello Fernández Segura renuncia a proyectos como la privatización, al menos de parte de las compañías. Podría ser el caso de la división de productos largos de la CSI, por la que ya se han interesado varios inversores, o de algunos astilleros, una vez cumplido el plan de reestructuración de la construcción naval.

Otra empresa de la Agencia, Productos Tubulares, que fabrica tubos sin soldadura, se privatizará al formar parte de una concentración sectorial con las otras dos compañías del sector, Tubos Reunidos y Tubacex. Será la vía ejercida en esa ocasión para que el Estado pierda la mayoría. Pero, más allá de ello, será difícil que haya otras operaciones de cierto calado. Y la familia no perderá muchos de sus miembros.

Condiciones de abandono

La Agencia no puede recibir más empresas, y las que forman parte de ella tienen que cumplir dos requisitos para abandonarla: registrar durante tres años resultados positivos, y que sus fondos propios sean superiores al capital. Ahora, ninguna los cumple y la primera en hacerlo, probablemente, sea la Corporación Siderúrgica.Hasta el año 1999 las demás empresas seguirán en la AlE, con excepciones. Presur, por ejemplo, que explota una mina de mineral de hierro al norte de Huelva, cerrará porque el yacimiento está agotado. Se ha descubierto la posibilidad de establecer una explotación de níquel y se empezará a buscar un socio y a hacer un proyecto industrial en el que puede haber participación pública. Pero, en cualquier caso, si surgiera una empresa nueva ya quedaría fuera de la Agencia.

También por agotamiento del yacimiento cerrará y quedará fuera de la Agencia Potasas Suizas (Posusa), sociedad en la que participa el Gobierno navarro al 50%. En cuanto a Santa Bárbara y Bazán, su futuro va ligado inevitablemente a la decisión que tome el Gobierno sobre las necesidades de fabricación para satisfacer las necesidades del Ejército español.

Si se pregunta a Fernández-Segura el porqué de tanta ineficacia en estas empresas, no duda en afirmar que la reconversión industrial en España se hizo "tarde y mal", y añade que la empresa pública, además, ha cubierto papeles ajenos a la mera rentabilidad económica.