Educación ordena el despido fulminante de un maestro condenado por insumiso

El Gobierno no ha esperado a la entrada en vigor del nuevo Código Penal para inhabilitar a los insumisos. Recurriendo a una ley de 1964, el Ministerio de Educación ha expulsado por vez primera y de modo fulminante a un funcionario docente condenado por negarse a cumplir el servicio militar y la prestación sustitutoria. Se trata de José Casquero Cabreros, de 32 años, maestro de educación infantil en Navarredonda de Gredos (Ávila).

El pasado día 12, el BOE publicó una orden del ministro de Educación y Ciencia, Jerónimo Saavedra, por la que se dispone "la baja en el servicio con la consiguiente pérdida de la condición de funcionario" de José Casquero, maestro rural desde hace ocho años.Casquero fue condenado el 30 de septiembre de 1994 por el juzgado de lo Penal número 2 de Salamanca "a dos años, cuatro meses y un día de prisión menor e inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena", por un delito de negativa a cumplir la prestación social sustitutoria del servicio militar, tras haber sido declarado objetor de conciencia.

El Ministerio de Educación se basa en la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado, de febrero de 1964, cuyo artículo 37 incluye entre las causas para perder la condición de funcionario la "pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público".

Fuentes del Ministerio de Educación recalcaron ayer que la decisión de este departamento se ha tomado en aplicación directa de "los dictámenes jurídicos de la Dirección General de los Servicios Jurídicos del Estado [organismo del Ministerio de Justicia e Interior], que está legalmente obligado a cumplir".Recurso judicial

Casquero ingresó en la prisión de Salamanca el pasado 9 de noviembre y salió en libertad condicional el 29 de diciembre. Tras las vacaciones navideñas se incorporó a clase, hasta que el martes de la semana pasada recibió una notificación del director provincial de Educación de Ávila, Ramón Miguel Carrilero Parreño, para que el viernes siguiente abandonara su puesto de trabajo y devolviese las llaves de la escuela, como así hizo.

El insumiso pidió un aplazamiento, alegando la protección de los intereses de los 13 escolares a su cargo, de entre tres y cinco años, que proceden de Navarredonda y de otras cuatro localidades de la sierra de Gredos, pero no le fue concedido, por lo que se informó del problema a los padres de los alumnos, que no han llevado a sus hijos a la escuela toda esta semana en solidaridad con el maestro.

Juan Carlos Rois, abogado del Movimiento de Objetores de Conciencia, que se ha hecho cargo, de la defensa del maestro, anunció ayer que presentará un recurso ante la Audiencia Nacional, probablemente en base al procedimiento de tutela de derechos fundamentales. Igualmente, solicitará que se suspenda el cese hasta que haya una sentencia definitiva.

Rois aseguró que es la primera vez que se produce en España el despido de un funcionario de carrera por su condición de insumiso, aunque ha habido intentos que no se consumaron, y calificó de "inconstitucional" la sanción.

El letrado criticó a Educación por basarse en una ley de 15164, "aprobada en pleno franquismo y utilizada para expulsar de la Administración a personas incómodas para la dictadura".

Casquero, por su parte, consideró incoherente su expulsión con el contenido del folleto editado por Educación el curso 1991-92 en el que, bajo el título "Educación para la Paz", se explicaba que "el afrontamiento de los conflictos de forma no violenta [ ...] puede llevar consigo la desobediencia ante aquellas situaciones que engendren injusticia".