El fiscal recurre contra la incineradora y pide la suspensión de las pruebas

La Fiscalía de Madrid remató ayer con un recurso ordinario ante la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad su batalla legal contra la puesta en marcha de la incineradora de Valdemingómez. El Gobierno regional que preside Alberto Ruiz-Gallardón (PP) autorizó el 30 de noviembre pasado el comienzo de las pruebas en el horno, que ha costado 15.000 millones y quemará 180.000 toneladas de basura al año (el 10% de lo que produce la capital).La fiscalía denuncia en su recurso que la Agencia de Medio Ambiente omitió "numerosos trámites procedimentales" cuando autorizó el encendido de la caldera. Ejemplo: "Los terrenos sobre los que se asienta [la incineradora] están clasificados como suelo no urbanizable. No existe aprobación del órgano urbanístico autonómico [para hacer la planta en una finca donde no se puede construir]".

Las reglas sobre Protección Civil también se incumplen: "Se advierte la gravísima ausencia del plan de autoprotección y de emergencia interior y exterior". La seguridad de los trabajadores de la planta no está garantizada. Se incumplen además, según el ministerio público, las normas sobre incineración de residuos sólidos urbanos.

"El proyecto básico, su denominado estudio de impacto, y el proyecto de medida de emisiones no han sido sometidos a información pública, suponiendo la omisión plena de estos trámites vicio de nulidad radical para la totalidad del proyecto", entiende el fiscal.

El firmante del recurso, Emilio Valerio, decano de la sección de Medio Ambiente, concluye: "El incumplimiento de los controles y garantías de las disposiciones (...) para una incineradora con capacidad diaria para 1.200 toneladas de residuos (...) con notorias insuficiencias en orden al control previo de admisión y rechazo genera unos riesgos gravísimos para la salud humana".

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja (PP), replicó: "El recurso toca mil temas, muchos procedimentales que afectan a la anterior Administración. Vamos a estudiarlo con tranquilidad, tenemos tres meses de plazo para contestar. Pero para saber si las emisiones son perjudiciales para la salud no hay más remedio que probar antes; por ello hemos fijado un periodo de pruebas en el que no se corre ningún riesgo. Si la planta no es segura, no se autorizará". Y agregó: "En la fiscalía no cuentan con un equipo tan cualificado como el de la Agencia de Medio Ambiente. Nosotros ya hemos establecido límites de emisión de 0,1 nanogramos de dioxinas, que sólo aplican hoy en Alemania".

Por su parte, la fiscalía pide en su recurso la nulidad del acuerdo que autoriza el horno y la suspensión inmediata de la incineración de residuos. Mayor Oreja no atenderá esa petición: "El plan de control de emisiones de dioxinas se ha establecido con rigor máximo y no hay razones para proceder a esa suspensión".

El fiscal ha abierto una investigación para "determinar las responsabilidades criminales en que hubieran podido incurrir los personas al iniciar, promover y consentir el funcionamiento de la instalación".