La reforma que desbordó el vaso

La reforma de la Seguridad Social (SS) francesa propuesta por Alain Juppé -la decimoquinta desde 1967- nace de una evidencia que se repite en muchos países: cada vez hay más beneficiarios y menos contribuyentes. El paro y la longevidad de los jubilados son, desde una óptica estrictamente económica, los grandes enemigos de la SS. En Francia el sistema se puso en marcha en 1945 -el precedente más lejano data de 1813-; en 1959 protegía a un 58% de la población y, en 1978, se alcanzaba un teórico 100%. Los sectores que más contribuyen a acrecentar -en porcentaje, que no en cifras absolutas- ese déficit que, para 1995, se prevee sea de 53.000 millones de francos (1,27 billones de pesetas), son, en orden inverso, los trabajadores de empresas industriales del Estado, la SNCF (ferrocarriles), los religiosos y los mineros.La SS está dividida en tres cajas: una se ocupa de los subsidios o pensiones destinadas a enfermos, inválidos, víctimas de accidentes de trabajo, bajas por maternidad o de los fallecimientos; la segunda sólo de las pensiones de quienes se han jubilado después de 40 años o menos -existen muchos regímenes especiales- de trabajo; la tercera de las ayudas familiares. Hasta ahora las arcas de la SS, gestionadas a medias por representantes de la patronal y de los sindicatos, se alimentaban sobre todo de las cotizaciones de asalariados y empresarios, de impuestos y tasas (un 7% del total), de modestas aportaciones públicas (un 5%) y de las rentas de capital (1%).

La reforma Juppé propone,en líneas generales, ampliar el número de contribuyentes -las rentas, del capital, que estaban exoneradas en casi todos los casos, dejarían de estarlo en también casi todos-, pretende controlar el gasto médico -sólo entre 1994 y 1995 creció un 6,9%-, equiparar las exigencias que afectan al sector público con las vigentes para el privado y poner límites a la gestión de las cajas, a partir de ahora sometidas a unas orientaciones fijadas por el Parlamento y a directivos nombrados por el Gobierno. Su mayor defecto es que aumenta la presión fiscal sobre todo el mundo y su mayor virtud radica justamente en que ya no serían solamente trabajadores y empresarios quienes pagarían.

Después de tres semanas de huelgas y protestas la reforma Juppé ha olvidado ya parte de sus propósitos: los funcionarios seguirán cotizando 37,5 años para tener derecho a una jubilación que se calcula a partir de los últimos seis meses trabajados. En el sector privado hay que cotizar 40 años y el cálculo de la pensión afecta a un período mucho, más largo.

El intento de crear, a partir de facilidades fiscales, unas pensiones de jubilación "por capitalización", ni que fuese parcialmente, no parece descartado pero sí aplazado para evitar acusaciones de privatización y porque la reforma fiscal deberá esperar.

La promesa de que el aumento de presión fiscal no afectaría a los más pobres se mantiene sólo de manera muy relativa: el nuevo impuesto, el Reembolso de la Deuda Social (RDS), grava con un 0,5% todos los ingresos excepto los de jubilados que cobren menos de 3.300 francos (unas 80.000 pesetas) mensuales o de parados que reciban menos de 2.387 francos.

La reforma no modifica la multitud de excepciones que hacen que la SS sólo cubra parte de los gastos médicos u hospitalarios. El enfermo ha de pagar 55 francos (menos de 1.500 pesetas) diarios -Juppé ha tanteado ir hasta los 80 francos al día- en caso de hospitalización, los medicamentos cuyo coste cubre enteramente la SS son pocos y en muchos casos el afiliado ha de abonar entre un 20% y un 60% del precio. Todos los afiliados a la SS que pueden permitírselo son también miembros de una mutua, que reembolsa el porcentaje que no asume la SS.

Quizás la manera más gráfica de comprender lo que supone la actual SS sea analizar la hoja salarial de un francés medio.

Unos ingresos limpios de 14.000 francos mensuales (poco más de 330.000 pesetas) han supuesto que el trabajador pagase en distintos conceptos -SS enfermedad, SS vejez, Contribución Social Generalizada, paro, etcétera- un total de 3.000 francos (72.000 pesetas) al Estado cantidad a la que hay que sumar los 6.700 que aporta el empresario. Un 41% pues de recargo sobre el coste del trabajo para financiar la SS y otros pocos, servicios.

En definitiva, la reforma no es ni la peor ni la más injusta de las propuestas por el Gobierno, pero ha tenido el defecto de ser la gota que desborda el vaso.