Colonos del río Guadarrama impiden el derribo de sus infraviviendas ilegales

Las palas de las máquinas excavadoras se quedaron ayer sin nada que llevarse a los dientes. Los vecinos del camino de la Zarzuela, en Villaviciosa de Odón (16.000 habitantes), pidieron el desalojo y derribo de las primeras viviendas ilegales señaladas por un juez y situadas junto al río Guadarrama. Una decena de policías municipales y guardias civiles no consiguieron abrir paso a la excavadora mientras la concejal de Urbanismo, Nieves García, contemplaba desde lejos cómo discutía con los vecinos el secretario municipal.Según el abogado de los colonos, Luis Alonso, muchas de las viviendas que el consistorio de Villaviciosa pretende eliminar tienen más de 40 años y algunos derechos adquiridos. "Hace un cuarto de siglo esta zona era un municipio independiente hasta que se unió con Villaviciosa", señaló Alonso. Sin embargo, la mayoría de las casas se han. levantado sin licencia de obra y sobre terreno rústico no urbanizable, de 20 años para acá. "El Ayuntamiento ha permitido el crecimiento de la colonia y ahora pretende arreglarlo de este modo", añadió.

Según Alonso, existen hasta 40 expedientes sancionadores por infracción urbanística pendientes de ejecución por el juzgado. Los vecinos no sólo impidieron el derribo de una casa en el día de ayer. El lunes también libraron a otra vivienda de convertirse en escombros. su propietaria, Carmen, de 65 años, la levantó hace siete con puertas viejas de madera. Más tarde sustituyó este material por ladrillos y se hizo una pequeña cocina, un baño y una sala que también sirve de dormitorio. Todo en 40 metros cuadrados y sin luz.

El Ayuntamiento aseguró que se está haciendo todo lo que ordena el juez, y que los inquilinos conocen la situación de ilegalidad de sus moradas.

El mismo problema aqueja también al Ayuntamiento. de Móstoles (199.400 habitantes), ya que parte de las casas del río pertenecen a su término municipal. Hace unos meses se derribaron dos viviendas y quedan ocho más pendientes de la orden judicial de demolición. Según Urbanismo, en el 80% de los casos son segundas residencias y sus inquilinos no están censados en el municipio. Los propietarios llegaron a un acuerdo con los políticos en la pasada legislatura, por el que permitirían la demolición de las casas, "ya que habían sido realojados en unos chalés de Los Rosales cuando una crecida del río inundó sus infraviviendas".