Cómo garantizar la continuidad de Barcelona

La continuidad de los acuerdos alcanzados en Barcelona en torno a la Colaboración Euromediterránea requiere la participación de instancias de diálogo so cial en el diseño del proceso de cooperación. Ellas pueden, mediante el análisis conjunto de los temas económicos y sociales más relevantes, ayudar a superar los conflictos de intereses que inevitablemente puedan surgir. Este es el objetivo de la Cumbre Económico-Social Euromediterránea que se celebra hoy y mañana en Madrid.En los últimos meses hemos asistido a la proliferación de iniciativas por parte de organizaciones de distinto ámbito, que han querido sumarse al importante acontecimiento que suponía la celebración en Barcelona de una conferencia gubernamental que diera lugar a un nuevo marco de relaciones entre la Unión Europea y los países del Mediterráneo.

Las constantes referencias de altos funcionarios y de las instancias comunitarias a la necesidad de implicar a los distintos actores de la sociedad en el proyecto Euromediterráneo han dado sus frutos al conseguir movilizar a instituciones culturales, religiosas, empresariales, sindicales, a los medios de comunicación y las universidades, que han celebrado encuentros en los que han analizado la situación actual de las relaciones de Europa con Ia región mediterránea y han alcanzado compromisos de mayor cooperación en el futuro.

El éxito que esta conferencia ha supuesto para la Presidencia española ha sido reconocido desde los más diversos ámbitos, y como no podía ser de otra manera, por el conjunto de los países de un lado y otro del Mediterráneo. Presenciamos, en efecto, el inicio de un nuevo marco de relaciones entre los países ribereños que sin duda venía haciéndose necesario en el actual diseño de las relaciones internacionales en el que las iniciativas de integración regional han ido imponiéndose.

El Gobierno español ha contado con un elemento muy favorable a la hora de defender este proceso de acercamiento ante socios comunitarios más reticentes: la creciente sensibilización de las fuerzas económicas, culturales y sociales españolas, respecto a la necesidad de abordar un cambio en las relaciones con nuestros vecinos del sur.

Es innegable qué hasta hace apenas, unos años existían claros obstáculos sociales y culturales que, arrastrados históricamente, han impedido un mayor acercamiento entre la sociedad europea y los pueblos que rodean el Mediterráneo. Sería utópico creer que esos obstáculos han desaparecido. Las diferencias religiosas y culturales pesan todavía y se perciben por amplios sectores sociales como elementos insalvables.

Sin embargo, los avances en las relaciones económicas, en el proceso de paz en Oriente Medio -pese a sus continuas dificultades-, o el inicio de procesos de democratización en algunos países del área han implicado una mayor confianza en la posibilidad de superar las dificultades iniciales y avanzar por una vía de acercamiento.

Logrado el compromiso de los gobiernos, hay quienes han querido ensombrecer la aureola de Barcelona argumentando la escasa solidez del acuerdo y apuntando la falta de continuidad del proceso. Las manifestaciones de apoyo a la Colaboración Euromediterránea, antes mencionadas, que han tenido lugar en distintas esferas sociales y económicas en los últimos meses, no propician precisamente ese tipo de afirmaciones. Las fuerzas económicas y sociales de la región son tan conscientes como sus gobiernos de la magnitud. del proceso que se ha iniciado y no han dudado en mostrarse dispuestas a comprometerse en el mismo.

Pero ese compromiso, que puede redundar en el éxito y la continuidad del proceso, debe concretarse en un adecuado marco de colaboración. Los agentes económicos y sociales están llamados a realizar sus aportaciones para que puedan cumplirse los objetivos de des centralización de la colaboración, del equilibrio económico y social del proceso iniciado, y de concienciación acerca de las implicaciones que para todos tiene esta incipiente cooperación.

Las dificultades pueden surgir muy pronto debido a la existencia de intereses contrapuestos entre los agentes sociales y entre los propios países del área. Se requerirán pues amplias dosis de buena voluntad y consenso para solventarlas. Es muy importante establecer cauces estables de colaboración que ayuden, a través del tratamiento conjunto y pausado de los temas, a superar las fricciones que puedan ir apareciendo.

Las instituciones de diálogo social existentes en algunos países ribereños del Mediterráneo, bajo la denominación más común de Consejos o Comités Económicos y Sociales, han sido invitadas en la Declaración de Barcelona a establecer una colaboración permanente en aras de realizar un seguimiento ole la evolución del proceso de cooperación y participar en el mismo. Y el Consejo español ha querido comenzar este trabajo de forma inmediata con la organización de una Cumbre Económico-Social Euromediterránea que es tablezca las vías de participación, institucional de los agentes económicos y sociales en el proceso de desarrollo del nuevo marco regional.

La aportación que los Consejos Económicos y Sociales están dispuestos a ofrecer ha de ser muy concreta. Su experiencia como instituciones de, estudio y de consenso les permitirá abordar en adelante problemas comunes a los países del Mediterráneo desde la diversidad de los intereses representados en ellos: él desempleo juvenil, la transferencia de tecnología, el problema de los flujos migratorios, el calendario más adecuado para la implantación de la zona de libre comercio, la situación de la mujer en el ámbito laboral o el preocupante deterioro del medio ambiente en la región.

No todos los países cuentan con órganos de participación social a través de los cuales puedan expresarse de forma pública y transparente las organizaciones económicas y sociales. El déficit democrático todavía es relevante en algunas de estas sociedades, que a menudo carecen de una adecuada estructuración de los agentes sociales. La formalización de la colaboración entre los Consejos ya existentes en algunos países de la región. (Argelia, Grecia, España, Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Túnez y el propio Comité de las Comunidades Europeas) puede conllevar una sensibilización de los gobiernos de los demás países mediterráneos acerca de la superioridad democrática del establecimiento de instituciones de diálogo social.

En la Cumbre que se celebra estos días en Madrid, organizada por el CES español, se reúnen todos los Consejos existentes en la región mediterránea, el Comité de las Comunidades Europeas, y delegaciones de los países mediterráneos que aun careciendo de un órgano de participación similar, no han querido quedar al margen de esta iniciativa. Se trata del primer encuentro institucional que se celebra después de la Conferencia de Barcelona, y su objetivo es comenzar un trabajo en común que se centre inicialmente en los temas prioritarios. Este trabajo debe organizarse temporalmente y puede basarse en la colaboración bilateral entre los Consejos, de modo que pueda lograrse además un objetivo indirecto, como, es el acercamiento entre los propios países terceros implicados. Abordar conjuntamente temas de interés común pero contrapuesto ayuda -como el propio trabajo del Consejo Económico y Social viene demostrando- a superar confrontaciones existentes y a alcanzar posiciones de consenso que parecían imposibles.