Timo imperfecto

NO ES un asunto menor el que ha llevado a Carmen Salanueva, directora general del Boletín Oficial del Estado entre 1984 y 1991, a ser condenada a cuatro años de cárcel por estafa continuada. Pero esto es sólo la primera parte. Sobre esa funcionaria, que anteriormente fue coordinadora general del Plan Nacional para el Sindrome Tóxico, pende también la acusación de haber estafado al Estado contratando el suministro de papel a precios un 40% superiores a los de mercado. A diferencia de otros casos de corrupción ocurridos en la segunda mitad de los ochenta y comienzos de, los noventa, éste fue detectado por la propia Administración. Es el único argumento que puede invocar como atenuante el Gobierno que nombró y mantuvo en altos cargos a esta timadora.Utilizar engañosamente el nombre de la Reina o el de la esposa del presidente del Gobierno para conseguir de varios artistas la donación de obras de arte su venta a precios ventajosos no sólo es revelador de la muy peculiar personalidad de la condenada. Pone de manifiesto, ante todo, un concepto del ejercicio del poder y de la función. pública propio de sociedades anómicas: sin leyes y sin pautas morales. Cuestiona, sobre todo, el sistema de selección que ha permitido en estos anos que personas sin preparación ni otro principio que, su conveniencia pudieran, acceder a puestos y cargos de responsabilidad pública. Carmen Salanueva es alta funcionaria desde enero de 1983, un mes después de la toma de posesión del primer Gobierno socialista. A raíz de las primeras de nuncias contra su gestión en el BOE, se definió a sí misma como "una funcionaria pura y dura". Sin embargo, lo que hoy se sabe de ella la presenta como precisamente lo contrario de lo que se espera de un funcionario leal: alguien que se sirve del cargo para sus intereses y caprichos personales. Cómo una persona así, capaz de imitar la voz de doña Sofía y de Carmen Romero para timar a un pintor, pudo merecer la confianza del ministro que la nombró, Javier Moscoso, es un misterio que, lamentablemente, no es clarece la condena ahora dictada.

Las obras de arte de las que se apropió, por un valor de más de 13 millones de pesetas, han podido ser devueltas a los artistas a los que engañó; pero eso no será posible en el otro caso pendiente: el del fraude en la compra de papel para imprimir el BOE. Cualquiera que sea el veredicto de los tribunales, los más de 500 millones de pesetas estafados por esa vía no podrán ser devueltos a los contribuyentes.

Salanueva se enfrenta a una petición de 12 a 20 años de cárcel acusada de malversación de caudales públicos y enriquecimiento personal mediante la compra a un precio artificialmente aumentado del papel prensa destinado a la elaboración del BOE durante los años 1989, 1990 y primeros meses de 1991. Hay que decir, sin embargo, que la investigación que condujo a detectar ese fraude fue instada desde la propia Administración. Fue su sucesora en el cargo, Beatriz Martín, quien alertó a la Intervención General del Estado sobre supuestas irregularidades de gestión, y el entonces ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, quien la despidió y trasladó al fiscal los resultados de la investigación interna realizada. Dos años antes, la sección sindical de CC OO en el BOE ya había denunciado lo que consideraba derroches de Salanueva en obras de acondicionamiento, viajes y comidas en restaurantes de lujo. Si esas denuncias hubieran sido tomadas en consideración, al menos como síntoma, es posible que el fraude hubiera sido detectado antes.