¿La desintegración económica de América Latina?

Lo que hoy queda de los principales programas de integracion latinoamericana iniciados en los años sesenta es sola mente un conjunto de erráticas actuaciones agónicas que tratan con dificultad de apuntalar una institucionalidad en fase terminal. El análisis evolutivo de tales programas -Mercado Común Centroamericano (MCCA); Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC; desde 1980 de Integración (ALADI), y Pacto o Grupo Andino (Gran)- me llevó, a la vez, al convencimiento de que lo fracasado en ellos fue mucho más su imperfecta ejecución que la integración misma, como instrumento de potencial crecimiento en común. Puesto que, en verdad, lo acontecido en el subcontinente desde el I Tratado de Montevideo o el de Managua, firmados hace 35 años, muy poco o nada ha tenido que ver con el proceso por el cual unos países vertebran y armonizan sus economías -sus "políticas económicas", como matiza Bela Balassa- en virtud de los escalonados grados de afectación o compromiso establecidos. Fue en los años posteriores a 1982, en el cual hizo inflexión erosiona ante la crisis de la deuda, cuando al negociarse país por país el manejo de los pasivos y las políticas de ajuste se hizo ostensible la carencia absoluta de mínimas líneas de armonización o de transvase mutuo qué, pudieran haber reforzado algún tipo de respuesta económica o financiera de efectos compensadores.

A grandes rasgos, quizá pueda considerarse esta situación -en la que los países se vieron obligados a tomar posiciones aisladamente, de acuerdo con su capacidad y sus posibilidades- la inicial atmósfera propicia para que determinadas actitudes se entiendan hoy dentro de una aparente coherencia. Como es el caso, por ejemplo, de las propuestas de extraversión económica que los presidentes del Grupo de Río firmaron, el 12 de octubre de 1989, en su Declaración de la ciudad peruana de Ica (documento oficial del que debía arrancar la revitalización integradora) considerando preferente la inserción de las exportaciones latinoamericanas en los mercados internacionales, respecto de la atención a los espacios integrados. Un comportamiento que de facto ya manifestaban los países centroamericanos en esos mismos anos (desarticulado el MCCA debido al abandono de Honduras y a la actuación normativa, en gran medida autónoma, de Costa Rica), pugnando entre ellos por la obtención de concesiones de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, o por la penetración en otros mercados extrafronterizos.

Era así evidente que con el decenio comenzaba en América Latina una nueva concepción para su desarrollo (llamada "integración abierta", "nuevo paradigma", etcétera) que, a juicio de sus exégetas, introducía, frente a las rigideces anteriores, impulsos raciona les más realistas,- basados en la inserci ón y en la apertura de las eco nomías, considerando como expectativas válidas, para cada país las "soluciones múltiples", definidas ya en el II Tratado de Montevideo, constitutivo de la ALADI en 1980, con los Acuerdos de Alcance Parcial. Postura a la que se sumó la otrora estructuralista Comisión Económica: para América Latina (CEPAL), dando a conocer en 1990 su documento Transformación productiva con equidad, -en cuyo andamiaje conceptual apenas se le asignaba un secundario cometido a la integración integradora. Todo ello, dentro de una filosofía -¿posibilista?-que sugería "adecuar la norma a las realidades qué están urgiendo, y no a la inversa", en ase extraída de un texto oficial que resume lo ratificado por los sucesivos foros de los viejos pro amas reorientados.

Se producía además, en el contorno de ese arranque de la década una serie de sugerencias formuladas desde Estados Unidos (la iniciación del NAPTA o ALCAN, la ampliación de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe y, sobre todo, la Iniciativa para las Américas, presentada en 1990 por el presidente Bush), que, pareciendo sustentarse en fundamentos integracionistas, sin duda han contribuido a incrementar la indefinición, en momentos en que América Latina apenas disponía de capacidad decisiva para optar, oscilando entre la reformulación de objetivos y el ofuscamiento Por supuesto, destacaban asimismo las vigorizaciones prometidas desde Bruselas para la interrelacíon del subcontinente con la Unión Europea; a través del Contexto de San José y de nuevos acuerdos de cooperación para el Grupo Andino y con el emergente Mercosur.

Sobre la plataforma normativa que ofrecía la caducidad y la transformación de los ya mencionados viejos acuerdos de alcance parcial, se ha entretejido la red de compromisos específicos, de los que Chile, por ejemplo -como pragmático caso sin par-, ha firmado con todos y cada uno de los países de la Asociación, sin que ello sea óbice para iniciar su antesala en el NAFTA. Un comportamiento diferente al de México, que, aun manteniendo su participación en el Grupo de los Tres (con Venezuela y Colombia), así como su pertenencia a la ALADI v sus acuerdos con los países centroamericanos, ha decidido institucionaizar una situación existente de facto, incluyendo gran arte de su economía en el Libre Comercio del Norte, cuyos mercados han sido el destino adicional del 65% los bienes y servicios mexicanos; dando la espalda -sin abandonarlo- al Tratado de Montevideo, el cual se ha visto afectado en su artículo 44, al resistirse México a extender a los demás miembros de la ALADI las concesiones hechas a EE UU y a Canadá.

En cuanto. a los grupos subregionales operantes en el seno de a Asociación, los cinco países andinos, que en 1969 firmaron el Acuerdo de Cartagena, aparecen actualmente entrecruzados por vínculos contractuales en todas s direcciones concebibles -amparados por la permisiva Decisión 322-, mientras como grupo insisten (?) en el objetivo de un "mercado ampliado", a la vez que intentan darle cauce a los acercamientos de Brasil al grupo -con la propuesta de un Área de Libre Comercio de Suramérica (ALCSA)-, o atender loos deseos de Bolivia de adherirse a Mercosur, teniendo en cuenta que el comercio boliviano con los países sureños es cinco veces mayor que el sostenido por Bolivia con el Gran, al que pertenece.

Por lo que se refiere al Acuerdo de Asunción, firmado entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay el 26 de marzo de, 1991, creando el Mercado Común del Sur o Mercosur -también, dentro del ámbito de la ALADI, aunque para actuar autónomamente-, es oportuno señalar, que se trata de un conjunto de acuerdos de complementación, en torno al número 18 de la ALADI, para atender aspectos muy concretos del área (el 59% de la superficie de América Latina), especialmente el intercambio comercial. Algunos de sus países firmantes mantuvieron hasta el pasado año 1994 compromisos bilaterales con Venezuela, México y Bolivia, cuyas concesiones han venido ahora renegociándose en el contexto generalizado de la ALADI, que obliga la anomalía fundacional de la superposición o entrecruzamiento de tratados.

No obstante este último señalamiento, quienes mantienen todavía la tesis de que en América Latina se procesa actualmente un nuevo modo de entender la integración (incluyendo la quimérica meta de una zona hemisférica, con epicentro en Washington) suelen mencionar precisamente a Mercosur como argumento de apoyo, aduciendo determinados logros cuantitativos, que, en verdad, ya comienzan a resistir con dificultad un análisis incluso indulgente. Ni siquiera han transcurrido los seis o siete años que en el MCCA, en la ALALC o en el Gran marcaron los periodos de euforia operativa inicial, para que en el caso de Mercosur Argentina haya elevado ya su tasa estadística y frenase con tarifas no arancelarias las importaciones de procedencia brasileña, incentivadas por una moneda sobrevaluada (el anclaje peso-dólar), provocando la réplica de Brasil con obstáculos desestimulantes a las importaciones de bienes de capital argentinos; dando lugar, desde 1993, a una situación -en parte controlada con exenciones-, de muy complejas desarticulaciones en múltiples sectores sensibles (petroquímico, informática, papel, hilos sintéticos, confecciones, etcétera), en media de la cual se ven confundidos los otros miembros del cuadrángulo, Uruguay y Paraguay. Ojalá, los sucesivos acontecimientos no continúen evidenciando la traslación inmediata a ese programa de las circunstancias nacionales, hoy imprevisibles a mediano plazo tanto para Argentina (cuando su bonanza comience a depender en mayor medida de su balanza corriente), como para el gigante brasileño, todavía con dificultades para dominar su anterior hiperinflación (se estima para finales de1995 en un 130%), pese al ajuste instrumentado en torno a la nueva unidad Real de Valor.

En cualquier caso, lamentablemente tampoco parece ortodoxo extraer de Mercosur conclusiones de respaldo, práctico o teórico, para la confusa orientación en que se encuentra inmersa América. Latina. Pero es que, ,además, volviendo al lema medular, no resulta fácilmente defendible un rumbo que, como antecedente y secuela, exige la más absoluta dispersión del conjunto de veintitantos países (entre los cuáles ya hace tiempo que los de menos desarrollo ni se mencionan), sin capacidad propia cada uno de ellos para estructurar y mantener su economía en los niveles que de hecho demanda hoy la globalización.. de los nuevos regionalismos.

Les queda, no obstante, a los incondicionales el recurso de la pretendida convergencia jurídico económica subcontinental, partiendo del avanzado grado de interrelación de los numerosos bilateralismos o subregionalismos que materializan la disgregación. Sin embargo, tal hipótesis resulta difícilmente asumible, puesto que incluso empíricamente está probado que los acuerdos bilaterales o subregionales no constituyen nunca un complemento o una antesala directa de la integración, sino una alternativa. Entre otras razones, porque alcanzar a posterióri la convergencia de pautas disímiles (ritmos de desgravación, márgenes de preferencia, normas de origen, reglas de competencia, fiscalidad, etcétera, diferentes hasta para unos mismos bienes o sectores) se hace prácticamente imposible, sobre todo si no es dable potenciar, por encima de las diferencias, algunas homogeneidades básicas iniciales. Una dificultad casi insalvable, aun a escala de un país, aisladamente consi derado, en el que se produzca una coincidencia de normas discordantes. Colombia, por ejemplo, es firmante a la vez del Pacto Andino, de la ALADI, del Grupo de los Tres (con Venezuela y México), de un acuerdo de complementación con Chile, de sendos acuerdos bilaterales colombianos, no sólo fracasarían si pretendieran -intento no previsible- hacer funcionalmente compatible tan prolija juridicidad instrumental, sino que además les resultaría inviable fusionarla en lo que de bería constituir su propia política económica. Por lo que, del ejemplo, sale Colombia convertida -al igual que otras naciones subcontinentales en similares esquizofrénicas circunstancias- en paradigma real del invertebrado presente en el que se configura América Latina.

Y parece fácil inducir que, dada la estructura económica mundial (pese a predisposiciones como la de la Unión Europea, lo acordado en la Ronda Uruguay, la ejecutoria esperada da la OMC, etcétera), y dada la diversa realidad latinoamericana (pese a los logros macroeconómicos derivados de las privatizaciones y de las, atraídas inversiones directas o a las coyunturas favorables registradas en países y sectores muy concretos), el futuro económico de la región -repito, estimada como un espacio entendido en común- parece abocado, a no muy largo plazo, a reeditar los niveles más bajos de su curva evolutiva, si la enmascarada desintegración económica persiste en eliminar los signos de interrogación con que se enmarca el título de es tas reflexiones.

Raúl Grien es doctor en ciencias económicas, autor de La integración económica como alternativa inédita para América Latina