El Estado gastó en 1992 más de cuatro billones por encima del Presupuesto

Los créditos de los Presupuestos Generales del Estado de 1992, el último ejercicio completo de Carlos Solchaga como ministro de Economía y Hacienda, aumentaron un 22,5% -es decir, 4,27 billones de pesetas- sobre lo aprobado por el Parlamento. Así lo aseguró ayer la presidenta del Tribunal de Cuentas, Milagros García Crespo, al presentar ante la Comisión Mixta Congreso-Senado la declaración definitiva del ejercicio citado.

En conjunto, las apreciaciones del tribunal son críticas respecto de casi todos los aspectos de las cuentas generales del Estado y de la actuación presupuestaria de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. García Crespo se mostró ayer partidaria de limitar las ampliaciones de crédito que, a su juicio, podrían evitarse con una mejor presupuestación. Asimismo, la presidenta del Tribunal resaltó la imprecisión de los gastos que destinados a actuaciones protocolarias. En su opinión, dichos gastos merecen una regulación específica que acote su utilización por parte de la Administración.La propia presidenta del tribunal introdujo, no obstante, una matización a su afirmación inicial del exceso de gasto de 4,27 billones de pesetas, al decir que si se tiene en cuenta que las operaciones financieras tienen "características especiales" las cifras se situarían en un exceso de 1,97 billones sobre los créditos iniciales, lo que supondría un 11% de aumento respecto a las previsiones.

En el informe se señala que en el ejercicio de 1992 "el déficit conjunto del Estado y sus organismos ( ... ) ascendería a 2,9 billones en lugar de los 1,8 presentados en las cuentas rendidas" y ello porque no se imputaron al presupuesto obligaciones y directos que se realizaron durante el ejercicio de 1992.

García Crespo señaló ante los diputados y senadores que la desviación del déficit fue del 109%, aunque el año anterior, es decir, en 1991, había sido del 184%.

El Tribunal de Cuentas analiza pormenorizadamente todos los capítulos presupuestarios y respecto a los gastos reservados asegura que con "las limitaciones que se han presentado para su fiscalización, se ha constatado la indefinición legal que existía en el año 1992 sobre el manejo de estos fondos y la ausencia de normas internas sobre su gestión y control". Sin embargo, Garía Crespo consideró necesario advertir de la "superación de las lagunas legales y del aspecto normativo de la gestión y control [de estos fondos reservados] mediante la ley 11 de 1995, posterior al periodo fiscalizado".

Comunidades y ayuntamientos

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos no salen mejor parados que el Estado de la fiscalización. Según García Crespo, en 1992 Aragón, Murcia y Cantabria rindieron sus cuentas fuera de los plazos legales y en el conjunto de las autonomías las modificaciones presupuestarias netas de los créditos aprobados supusieron 1,2 billones de pesetas, con un aumento del 20% sobre los créditos iniciales, algo por debajo del incremento del año anterior".

El informe del Tribunal de Cuentas señala que "los porcentajes más bajos de ejecución del gasto corresponden a las comunidades de Cantabria, Aragón, Castilla y León y Extremadura, donde en ningún caso se superó el 75% de la cifra prevista". Y en ingresos la comunidad de Cantabria no alcanzó siquiera el 50%.

Por lo que respecta a las corporaciones locales, el tribunal señala que presentaron las cuentas todas las. diputaciones provinciales, excepto la de Lugo; los cabildos y consejos insulares y 5.003 ayuntamientos, lo que supone el 62% del total y representa a un 78% de la población. Para colmo de males, el número &cuentas rendidas por los ayuntamientos se redujo en un 19% respecto a las de 1991. García Crespo destacó que "el 67% de los ayuntamientos no entregaron el estado de su deuda".

El portavoz del PP en la comisión, Diego Jordano, criticó con dureza la actuación del Gobierno en este campo y destacó que el informe hace pensar que las cuentas no son fiables porque no se ajustan a la legalidad.

Fernando Gimeno, portavoz socialista, insistió en que el Gobierno se atiene a la legalidad que estaba vigente en aquel año de 1992, aunque admitió que existen algunas discrepancias de interpretación tanto por parte de su grupo como del Gobierno con respecto a las que sostiene el Tribunal de Cuentas.