Nacida muerta

LA COMISIÓN senatorial que investigaba las actividades de los GAL apenas ha durado una semana. Su principal patrocinador, el Partido Popular (PP), ha sido su enterrador. A propuesta suya, y con sus exclusivos votos, la comisión se autodisolvió ayer. Los otros grupos no se hicieron de rogar, pero se abstuvieron en la votación, excepto el PNV. La comisión quedaba así disuelta con los votos del grupo que más empeño había puesto en crearla sin valorar debidamente las dificultades que plantearía a su labor la circunstancia de que la mayor parte de los comparecientes estén incursos en un proceso penal sobre los mismos hechos ante el Tribunal Supremo.La guerra sucia contra ETA y la impunidad con que se ha llevado a cabo es uno de los asuntos que más reclaman desde hace tiempo la atención del Parlamento. Para reflexionar seriamente sobre sus causas e investigar sus efectos. Especialmente todo lo sucedido en el periodo trágico de actuación de los GAL, en el que se contabilizaron 28 asesinatos, aunque sin excluir lo sucedido en el periodo anterior.

Pero el oportunismo político que está en el origen de la forzada creación de una comisión de investigación sobre los GAL en el Senado no sólo ha provocado el fracaso de dicha comisión. Es probable que también haya cortado de raíz cualquier posibilidad de debatir en el Parlamento un asunto político de tanta trascendencia. El Partido Popular ha justificado su vuelta atrás acusando a los grupos socialista, vasco y catalán de haber vaciado de contenido la comisión y de haberla convertido en "un esperpento". Según su portavoz, los populares no están dispuestos a "colaborar en el desprestigio del Senado".

Pero si el Senado se desprestigia en este caso se debe, sobre todo, a quienes le encomendaron una tarea prácticamente imposible. Un poco de autocrítica por su parte no estaría mal. Diferenciar las responsabilidades políticas y las penales es fácil en teoría, pero no cuando el Parlamento y la justicia investigan a la vez los mismos hechos y, a las mismas personas presuntamente implicadas en ellos. La comisión GAL ha demostrado que los conflictos potenciales entre ambos poderes son inevitables en esas circunstancias. Los grupos políticos deberían aprender la lección y no embarcarse en el futuro en comisiones tan dudosamente viables. A partir de la comisión GAL, ya no hay pretexto para no saber que las investigaciones parlamentarias en paralelo con procesos penales son imposibles sin interferir en las diligencias judiciales y sin lesionar los derechos de los imputados.

El "vaciamiento" de la comisión GAL no se debe a maquinaciones de sus contrincantes políticos, como quiere el PP. Lo ha producido el avanzado proceso penal que pende del Tribunal Supremo. No haberlo tenido en cuenta o hacer como si no existiera es la verdadera causa del fracaso de la comisión sobre los GAL y de la frustración del PP. Ninguna comisión de investigación parlamentaria puede obligar a nadie a romper el secreto del sumario, a desvelar asuntos sometidos a reserva legal o a declarar contra sí mismo y agravar su situación penal. Da lo mismo que los comparecientes sean responsables políticos que funcionarios. Con esos condicionantes de obligado cumplimiento, la comisión senatorial sobre los GAL no tenía futuro. Nació muerta y era imposible hacerla resucitar. Fracasado su principal, objetivo político de hacer comparecer de inmediato a Felipe González, no es extraño que eI PP haya terminado por bajar la persiana.