JR, a lo hecho, pecho

Carlos Granados, prudente, hizo lo que debía: proponer a la Junta de Fiscales enviar a la Audiencia Nacional "también" las diligencias sobre presuntas amenazas al rey Juan Carlos en lugar de proceder a su archivo liso y llano, como pudo haber sido el deseo de algunas partes implicadas en el hecho. El Rey estaba por la labor de que la justicia investigue y en contra de que el asunto se cerrara en falso. En otros términos, aquéllos que han amenazado no gozarán de impunidad. Es el caso, sobre todo, de Javier de la Rosa.La existencia de dos denuncias en la Audiencia Nacional facilitó las cosas. En cualquier caso, el juzgado que finalmente resulte competente -número 1 de Carlos Bueren o el 3 de Miguel Moreiras- hubiera solicitado esas diligencias a la fiscalía. Pero la decisión adoptada ayer subraya que el ministerio fiscal debe desempeñar un papel activo en las nuevas diligencias. Por tanto, es bastante más que el envío de papeles. Si el sentido general, pues, del acuerdo adoptado en unanimidad por la junta, supone un comportamiento profesional y político de transparencia, el afán de trocear las diligencias no aparece como razonable. La fiscalía ha decidido que dos de los asuntos que aparecieron en las diligencias de investigación sean enviados directamente al juzgado número 3 de la Audiencia Nacional para ser incorporados a las diligencias de Moreiras sobre la querella del Grupo Torras, propiedad de Kuwait Investment Office (KIO), contra De la Rosa y sus colaboradores.

Esos asuntos son los 12.000 millones de pesetas enviados a dos cuentas de Manuel Prado en Suiza y las cartas, falsas, atribuidas a Prado en las que se justificaba ante el ministro de Finanzas de Kuwait, Ali Khalifa Al Sabah, el apoyo financiero recibido en España (en las cartas apócrifas se hablaba de 439 millones de dólares, es decir, casi 50.000 millones del año 1990). Esas cartas -dos- usaban el emblema de la Casa del Rey.

En la medida en que ambos han sido instrumentos en la operación de, presunta amenaza al Rey, lo más lógico hubiera sido que, junto con los otros tenias, se hubiese enviado al decanato de la Audiencia Nacional todo el paquete, para que el juez del caso tras deducir testimonio, decidiera el troceo con mayores fundamentos.