PP y CiU logran cerrar el paso al proyecto del aborto en esta legislatura

Ni Mesa ni pleno. Hay que seguir esperando para que el proyecto de ley que amplía los supuestos de despenalización del aborto se vea en el pleno del Congreso el próximo día 14. La expectación que había generado el deseo de PSOE e Izquierda Unida para que se debatiera el proyecto en un pleno extraordinario el próximo día 4 quedó ayer definitivamente diluida. El presidente de la Cámara, Félix Pons, decidió no hacer uso de las facultades que le concede el reglamento para convocar por su cuenta un pleno de la Cámara para "no añadir más tensión insitucional" a la ya existente.En definitiva, PP y CiU, que el martes lograron retrasar la toma en consideración por parte de la Mesa de la propuesta de la izquierda, ha logrado, definitivamente, su propósito de que la despenalización del aborto no se apruebe en esta legislatura.

Pons acudió ayer tarde a una rueda de prensa en la que expresó que las facultades que el reglamento concede al presidente deben ejercerse a iniciativa del mismo y no a petición de los grupos. Según Pons, la previsión reglamentaria que le faculta para convocar un pleno "no está para esto" y aunque creo que puede "hacerlo formalmente", no lo va a hacer porque no hay precedentes y porque la presidencia del Congreso no debe actuar en contra "de los intereses legítimos de una parte de la Cámara".

La razón de Pons fue fundamentalmente política: "No quiero añadir ningún elemento ' de tensión a la vida institucional". El máximo responsable del Congreso repitió esta idea de distintas formas y cuando se le preguntó si asumía la responsabilidad de que la mayoría parlamentaria que integran PSOE e IU vieran cercenados sus derechos de debatir con rapidez el proyecto de ley del aborto, Pons respondió que "del uso que los protagonistas de la vida parlamentaria hayan hecho a lo largo de meses o años de sus competencias no se puede derivar que la responsabilidad política descargue en el presidente de la Cámara". Era una alusión escasamente velada a la desidia que el Grupo Parlamentario Socialista ha mostrado sobre este asunto a lo largo de meses y años y que, ahora, pretende resolver en cuestión de semanas.

Cambios en el texto

Aunque el proyecto, con toda probabilidad, no será aprobado por el Senado en el plazo de 20 días que la tramitación de urgencia exige, la comisión de Justicia e Interior del Congreso dictaminó ayer el texto e introdujo algunas modificaciones a través de enmiendas transaccionales entre socialistas e Izquierda Unida.

En concreto, el nuevo texto salido de la comisión establece que "los centros en los que se practiquen las interrupciones voluntarias del embarazo garantizarán la confidencialidad de toda la información relacionada con sus pacientes, su proceso y su estancia en los mismos".

Además, la confidencialidad se extiende a que los centros de información a los que, obligatoriamente, debe acudir la mujer que decide abortar por razones personales, que tendrán que respetar el que la embarazada permanezca "si lo desea en el anonimato frente a la persona que le asesora" hasta el momento en que solicite el certificado que exige la ley.

Por fin, y respecto del cuarto supuesto de despenalización que la ley introduce, es decir, el aborto durante las 12 primeras semanas de gestación por razones personales con el requisito del asesoramiento médico, la comisión del Congreso acordó ayer una modificación importante en el texto legal según la cual "las mujeres que no dispongan de recursos propios para sufragar la financiacion" del aborto por esta causa "tendrán derecho a percibir la atención económica necesaria para tal fin".