Democracia expeditiva

El señor ministro de Defensa ha presentado una cuestión de competencia al juez de lo penal, señor Garzón, porque éste le ha pedido unos papeles "secretos"; y para ello invoca que el secreto es zona de injerencia exclusiva del Gobierno y la Administración, donde los jueces, que son otro poder, no pueden entrar; el choque es frontal, no en el sentido militar, pero sí conceptualmente, porque secreto no es algo que haya nacido con la condición de tal, sino lo que el Gobierno, por razones de seguridad que él aprecia y valora, decide que es secreto, aditivo cambiante a un asunto que puede ser secreto de nacimiento, o sobrevenido, y que siempre es capaz de recuperar, si lo decide quien puede, su condición de no secreto. El proyecto de Ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa pretende excluir del control de los juecos ciertos "actos de gobierno", en los que se pretende que los jueces no tengan nada que corregir. Desde 1983, las obedientes Cortes Generales, con la mayoría absoluta que es sabida, se privaron, en beneficio del Gobierno, de posibilidades múltiples de control de la aplicación del presupuesto y así sucedió, por ejemplo, que las asignaciones presupuestarias. para gastos reservados habían crecido al doble de lo presupuestado sin que las Cortes se enteraran; ya se enteraba el Gobierno o el ministro, y bastaba. Y así se suprimió el control interno, administrativo, de la intervención previa (instrumento de control interno de la propia Admínistración), y se relajaron los controles y requisitos para la contratación pública, y otras medidas que permitieron al Ejecutivo (Gobierno y Adrinistraciones) actuar con más "flexibilidad" para el bien de la patria.Todas estas situaciones, tan dispares, y otras, que podrían enumerarse, no son, sin más, producto de razones de eficacia que son las frecuentemente invocadas, o de pura razón de Estado; estas motivaciones pueden ser verosímiles y podría pensarse que son de algún modo atendibles. Pero todas ellas tienen algo en común: no se han planteado, por desgracia, como solapada vulneración de las reglas del Estado democrático, sino como pasos de su perfeccionamiento, de su realización más plena, de su profundización. Es cierto que en muchos de estos casos y medidas ha habido oportunismo o necesidad transformada en virtud para ocultar vergüenzas de los actores. Pero lo peor es que responden a una concepción de la democracia que me atrevo a llamar perversa, o pervertida.Si el pueblo nos legitima por las urnas, y con mayoría absolutas, ¿qué otros controles necesitamos? Y es cierto que el pueblo legitima por las urnas a los Parlamentos; y, por esa vía, al Poder Ejecutivo que en los Parlamentos nace, y más aún, a la oligarquía del partido del que el Parlamento, de verdad, procede, y el pueblo confirma con su voto; y, aún más, todo el frondoso árbol administrativo que de ese Poder Ejecutivo depende, y de ahí a la tiranía de la mayoría no hay más que una pendiente, más o menos suave, y, al fin, a la comprensión, si no opresión, de las minorias y . de los individuos disidentes, que son la minorías más pura y desnuda.

Pero este es un camino perverso. Cuando el pueblo vota legitima a un, Parlamento, y éste no habla más que mediante la ley, y el Ejecutivo que nace de ese Parlamento necesita la permanente legitimación por la sumisión a la ley, y sus desviaciones han. de ser necesariamente controladas, día a día y caso a caso, por el Parlamento mismo y los jueces, cuya legitimación democrática no procede de una elección inexistente, ni de una misteriosa absorción de las esencias democráticas por los sujetos que ganan unas oposiciones o una designación a dedo, sino de su sujeción a la ley, la ley democrática con la primera de ellas, la Constitución, a la cabeza. Y todo ello con más razón en la democracia que tenemos, porque ésta existe para asegurar la vigencia permanente de unos derechos fundamentales de las personas, la libertad el primero de ellos, y sólo la ley, y la sujeción a ella del Ejecutivo, y el control de esa sujeción por los jueces, quede ella reciben su poder, garantiza esa vigencia.

No basta con decir "somos políticos democráticos porque procedemos de la voluntad del pueblo", aunque sea en segundo, tercer o cuarto y sucesivos grados. No basta con que haya elecciones sinceras para que exista democracia; ésta no puede confundirse ni con el cesarismo democrático, ni con el centralismo democrático, ni otras zarandajas, sino que exige la permanente rendición de cuentas, y nadie puede quedar al margen de hacerlo; y para ello están los Parlamentos y los jueces, es decir, las leyes nacidas del pueblo o de sus representantes; las lagunas en el control crean espacios para el despotismo, por ilustrado o benéfico que sea; y a veces, lo que son las cosas, se aprovechan.