El derecho a mover Medinaceli

El archivo de Medinaceli ha salido de su callado y oscuro recogimiento, que solamente rompía el vuelo de los pergaminos en manos estudiosas, y se ha convertido de repente en una sonora piedra de escándalo, sobre todo en Sevilla. Veamos sucintamente los hechos, y reflexionemos serenamente sobre sus consecuencias, en un intento de reemplazar la actual algarabía por un debate más serio.Conviene empezar por señalar que muchos archivos históricos privados espáñoles se encuentran en peligro de desaparición. Por la escasez de medios de sus titulares se guardan en lugares poco adecuados e inseguros; no están catalogados ni son accesibles a los investigadores; se dispersan con la partición de las herencias, y sus desconocidos fondos aparecen cada vez más frecuentemente en salas de subastas y librerías de las y extranjeras.Ante este alarmante proceso, el Ministerio de Cultura, a instancia del duque de Segorbe, secretario general de la Fundación Medinaceli, convino en acondicionar una parte del hospital de Tavera, en Toledo, cedido gratuitamente por la fundación, para agrupar y salvar estos archivos familiares, testigos fundamentales, y a veces únicos, de nuestra historia.

El edificio, tras una inversión próxima a los 700 millones de pe setas, fue asignado al Archivo Histórico "Nacional, con el fin de ofrecer a los particulares la custodia de sus archivos a cambio de su catalogación, microfilmación y apertura a los estudiosos. El ministerio y la Fundación Medinaceli consideraron conveniente que, a modo de ejemplo emblemático, el propio. archivo de Medinaceli saliera del domicilio particular de la actual. duquesa de Medinaceli, en Sevilla, y se depositara en Tavera. Como es. natural, esta iniciativa fue acogida por' los historiadores y por todos cuantos se preocupan por la con servación del patrimonio histórico-artístico español con alborozo y esperanza grandes.

El pasado mes de julio, la Junta de Andalucía, que conocía desde hace tiempo el proyectó del ministerio, decidió, sorprendentemente, impedir aquello que no podía impedir. En efecto, el traslado del archivo de Medinaceli estaba amparado por la legislación vigente, que expresamente establece la libertad de movimientos de los archivos dentro del territorio nacional. Por ello, para lograr la inmovilización del archivo, la Junta decretó que éste estaba inseparablemente adscrito a la Casa de Pilatos, en donde se encontraba! Es de sentido común que un archivo, milenario que lleva sólo 30 años en Sevilla, en un edificio que a su vez cuenta con casi cinco siglos de historia propia, no puede considerarse vinculado al inmueble que tan fugazmente lo ha albergado. Al pretenderlo se violenta el espíritu de la norma jurídica, se incurre en fraude de ley. Pero es que, además, la Junta, en las horas en las; que declaraba el archivo "inseparablemente. adscrito a la Casa de Pilatos", ofrecía, por escrito y oficialmente, otros edificios para que ese archivo presuntamente inseparable se separase de Pilatos y fuese, a parar a esas otras dependencias" reconociendo así la improcedencia de la inmovilización decretada. Por ello, la fundación trasladó el archivo. a Toledo, dejando en Sevilla exclusivamente los fondos que tenían relación con Andalucía. Y fue' entonces cuando estalló el escándalo.

El escándalo comenzó a incubarse antes en la prensa local, con una campaña de cuyo rigor es un buen exponente las palabras que uno de sus artífices dedica a JohnElliot, y a otros ilustres hispanistas que, como Hugh Thomas, defienden la iniciativa del Ministerio de Cultura y la Fundación Medinaceli.Se les denomina "pintorescos hispanistas" para afirmar con ignorante desprecio que "no merece la pena gastar más pólvora de la estrictamente necesaria en tan añeja y rancia hueste". Como resultado de esa campaña, primero intervino la Junta, y luego el Parlamento de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, con rara unanimidad para los días que corren, respaldaron su actuación, pese a ser injusta, posiblemente sin ser conscientes de que atentaba a la vez contra la historia y la modernidad.

Cuando faltan argumentos es frecuente el recurso a la injuria y a la descalificación, y también a la demagogia. En esta ocasión ha habido mucho de todo ello. Por ejemplo, un importante parlamentario, ante las 80 personas que acudieron a la manifestación pública convocada para protestar delante de la Casa de Pilatos por el traslado del archivo, exclamó: "Que se vaya la estirpe, que se quede el archivo". Como si el archivo no fuera mérito de la familia que se quiere ahuyentar, mérito acumulado generación tras generación hasta la actual, que lo ha custodiado y ordenado modélicamente, abriéndolo a cuantos han querido utilizarlo. Quizás el político aún no lo sepa, pero este tipo de soflamas anacrónicas, más propias de un país subdesarrollado que de uno moderno, no convencen a la ciudadanía, pero sí desalientan a muchos de los que pueden contribuir a conservar y enriquecer el patrimonio histórico-artístico andaluz.

El archivo de Medinaceli es posiblemente el archivo histórico privado más importante que existe en España, y por eso, aunque sólo una mínima parte de sus fondos se refiere a Andalucía, es perfectamente comprensible el deseo de los sevillanos de que permanezca en su ciudad. Lo contrario sólo demostraría indiferencia e insensibilidad cultural. Pero la madurez consiste en distinguir entre los deseos legítimos, porque se corresponden a nuestros derechos, y los que no lo son, entre los deseos naturalmente realizables y los que sólo se alcanzan, si, se alcanzan, mediante la violencia. Es evidente que a los madrileños nos hubiera agradado conservar los velázquez que formaron parte de la extraordinaria exposición celebrada hace unos años en el Museo del Prado, pero tal empeño habría sido sólo locura. Por ello, el verdadero escándalo no es el trasladó del archivo a Toledó, sino la indebida tentativa de trabarlo, y las presiones institucionales que luego se han realizado. Actitudes como las mantenidas por las principales instituciones andaluzas, en lugar de defender el patrimonio propio, lo per judican gravemente. Si partirnos del supuesto de la necesidad de que la sociedad civil participe destacadamente en la conserva ción de ese patrimonio, la Administración pública debe empezar por respetar lo que los ciudadanos y las instituciones privadas hagan en el legítimo ejercicio de sus derechos - en este caso, tras ladar libremente un archivo den tro del territorio nacional- para evitar que se quiebre la seguridad jurídica y se pierda la confianza en . que la ley se aplica correcta y no arbitrariamente. Hay casos ilustrativos. Como el de quienes pretendían adquirir una casa histórica andaluza para instalar una importantísima colección artística y que, a la vista de lo sucedido, han decidido acudir a tierras más seguras y hospitalarias. Y pense mos en un país- como Suiza y en una colección como la Thysen. El consejero de la Junta de Andalucía seguro que no habría permitido salir de Villa Favorita los cuadros que hoy están en el palacio de Villahermosa. Y el Parlamento andaluz habría convocado a sus titulares ante una inquisitorial comisión investigadora. Y la Prensa local habría abierto sus páginas a los inevitables resentimientos que toda posición relevante provoca. En Lugano no ha sucedido nada de esto, y Villa Fa vorita permanece abierta exponiendo relevantes colecciones de pintura, mientras otros ciudadanos, suizos y extranjeros, continúan incrementando la riqueza artística y cultural de aquel país. ¿Quién acierta? Algo de esto dije hace unos días, y se me replicó que mi interés por defender la conservación de la ciudad histórica de Toledo justificaba mi posicionamiento favorable al traslado. Termino aclarando este extremo. Para Toledo propugno precisamente lo contrario de lo que ha sucedido en Sevilla. Que el Ayuntamiento, la Junta y el Parlamento aseguren a quienes lleven sus fondos documentales a Tavera que podrán tirarlos cuando quieran, sin impedimentos administrativos ni campanas de difamación ni presiones institucionales. Lo dice la ley, y es además lo deseable. Lo mismo a quienes traigan sus colecciones de arte o sus bibliotecas. Que vengan a Toledo si así lo quieren, seguros de que serán bien recibidos, y que también serán respetados si alguna vez desean alejarse. La defensa del patrimonio histórico-artístico es una obligación moral que a todos nos concierne, y' que hemos de abordar con criterios que estén a la altura del tiempo que vivimos, tiempo de un humanismo universal y no aldeano. Las requisas y las levas pertenecen a otra época; la nuestra debe fomentar el protagonismo de la sociedad civil para que, desde la libertad, vele responsable y solidariamente por ese patrimonio. Pero una sociedad civil pujante es también una sociedad civil independiente. Con todas sus consecuencias.

Gregorio Marañón y Bertrán de Lis es abogado y presidente de la Real Fundación de Toledo.