Los funcionarios tienen el deber de guardar silencio sobre los secretos

Los funcionarios, tanto policías como militares, que comparezcan ante una comisión de investigación parlamentaría tienen "el deber (no el derecho) de callar aquello que conocen bajo condición de secreto", según un informe jurídico elaborado por el letrado de la comisión GAL del Senado, Benigno Pendás. "No obstante, el deber en cuestión no puede utilizarse como una negativa general é indiscriminada a declarar, sino que ha de hacerse valer ante cada pregunta concreta y con fundamento en un precepto legal específico, que resulte aplicable por razón de la persona o de la materia".El estudio jurídico fue encargado por el presidente de la comisión, Victoriano Ríos, ante los rumores de que los dos investigadores del caso Lasa y Zabala, el comisario Enrique de Federico y el general Francisco Fuentes, se acogerían al secreto profesional o al secreto del sumario para negarse a declarar. En las conclusiones del informe, que fue repartido ayer a los grupos parlamentarios, se afirma que el deber de comparecer ante el Parlamento "lleva implícito el deber de declarar".

Dicha declaración debe ser "personal, veraz y congruente" con el objeto de la investigación. El letrado rechaza así la posibilidad de mentir ante la 'comisión y recuerda que el nuevo Código Penal, que aún no ha entrado en vigor, castiga con hasta un año de cárcel a quien "faltare a la verdad" en una investigación parlamentaria. La obligación de declarar está limitada, sin embargo, por el derecho "a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable"; así como por el deber de secreto profesional de los periodistas, respecto - a las fuentes de información, o de los funcionarios, en relación a las materias secretas que conozcan en el ejercicio de su cargo. Igualmente debe salvaguardarse el respeto a la intimidad y el honor de las personas.

Margarita Robles, secretaria de Estado de Interior, aseguró ayer que tanto De Federico como Fuentes, en su calidad de miembros de la Policía Judicial, declararían siguiendo las instrucciones del juez y no lasdel ministerio.