Detenida en Suiza la cuñada del ex presidente mexicano Salinas por narcotráfico y blanqueo

México digería ayer un nuevo escándalo.Suiza confirmó ayer la detención en Ginebra de Paulina Castañón, esposa de Raúl Salinas Gortari, presunto autor intelectual del asesinato del dirigente del Partido Revolucionano Instítucional (PRI) José Francisco Ruiz Massieu y hermano del ex presidente Carlos Salinas, por narcotráfico y blanqueo de dinero. La captura de Castañón el pasado 15 de noviembre, cuando intentaba retirar con documentación falsa casi 84 millones de dólares (unos 10.000 millones de pesetas) de varias cuentas bancarias suizas, confirma las sospechas de que la familia del ex mandatario mexicano había acaparado una inmensa fortuna. Las autoridades de México investigan la procedencia de su capital.

Este es el último golpe a la familia del que fuera prestigioso presidente mexicano, acorralada hoy por la opinión pública y por gran parte de la clase política. Incluso sus correligionaríos priístas demandaban anteayer en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), equivalente al Ministerio de Justicia, prisión para Carlos Salinas. Una exigencia que el opositor Partido de la Revolución Democrática planteó ante los tribunales pocas semanas después del relevo presidencial el 1 de diciembre del pasado año.La fiscalía general de Suiza emitió ayer un comunicado en el que afirma que la detención hace nueve días en Ginebra de la cuñada del ex mandatario y de su hermano Antonio fue producto de una operación conjunta con la justicia de Estados Unidos y de México.

Fuentes de la PGR y Manuel Galán, el subprocurador de esta institución judicial, no confirmaron la participación de las autoridades mexicanas en el caso concreto de Castañón, pero sí revelaron la colaboración que desarrollan con otros países para investigar cuentas corrientes de origen dudoso: principalmente, los fondos procedentes de las redes del narcotráfico, de las que casi todos admiten que disfrutan de sólidas cuotas de poder en altas esferas de la administración mexicana.

Fin de los intocables

El actual presidente, Ernesto Zedillo, a punto de cumplir el, primer año de su sexenio en el poder, reiteró ayer una de las principales promesas de su campaña electoral: "En México se acabaron los intocables. No hay espacio para la impunidad y merecen mayor severidad quienes desde posiciones de privilegio se aprovechan para delinquir". Una situación de la que se benefició Raúl Salinas.

La Agencia Antidrogas de EE UU (DEA) dio y solicitó más información a mediados del año pasado a la PGR sobre transferencias millonarias en dólares a nombre de Juan Guillermo Gómez. Hace escasas semanas salió a la luz pública que Raúl Salinas utilizó un pasaporte falso con esta identidad para efectuar sus movimientos de capital. Y, anteayer, un pasaporte con esta filiación y con la fotografía de Salinas despejó cualquier incertidumbre sobre el empleo del documento ilegal. La PGR sólo retomó la información proporcionada por la DEA en febrero de 1995, cuando ya se había producido el relevo presidencial.

La fiscalía helvética, que tardó ocho días en notificar la captura de Castañón, mantuvo en todo momento a las autoridades mexicanas al corriente de los hechos. En su comunicado. de ayer no cita a los familiares del ex mandatario ni ofrece mayores detalles sobre la detención "para no entorpecer" las investigaciones. Pero sí ratifica las informaciones que se referían a los familiares de Carlos Salinas de Gortari.

De lo que no cabe duda es de que la riqueza amasada por la familia Salinas es de un volumen desmesurado. La PGR, que informó en la noche del jueves de que Paulina Castañón había utilizado documentos falsos para intentar retirar de varias cuentas 84 millones de dólares, elaboró un comunicado en el que revela el impresionante crecimiento de las posesiones de Raúl Salinas e n los nueve años en que ejerció como funcionario público, la mayoría durante el mandato de su hermano. Raúl "incorporó a su patrimonio 21 bienes inmuebles y dinero no declarado que pone de manifiesto un incremento patrimonial desproporcionado para un funcionario público", dice la Procuraduría en su comunicado.

Los observadores políticos estiman que el cerco judicial sobre la antigua familia presidencial puede suponer un cierto fortalecimiento del Gobierno de Zedillo, necesitado de superar las acusaciones de fragilidad alimentadas por la brutal recesión económica que padece México en 1995.