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OPERACIÓN CONTRA LA CORONA

Prado y Folchi intentaron un acuerdo con KIO para anular la demanda contra De la Rosa

El empresario y diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal y el abogado barcelonés Juan José Folchi intentaron, entre los meses de enero y junio de este año, convencer al Gobierno de Kuwait para que aceptase un pacto económico con Javier de la Rosa y retirase la demanda presentada contra él en Londres. Prado y Folchi utilizaron la media ción del entonces director general del Cesid, Emilio Alonso Manglano, con el argumento de que todo ello evitaría que se pusiera en marcha una operación de amenazas al Rey. El Gobierno español y el de Kuwait venían manteniendo conversaciones oficiales para resolver la situación de las empresas de KIO en España, agrupadas en tomo a Torras. Prado y Folchi intentaron, aunque sin éxito, introducir la negociación del pacto de Londres en las conversaciones entre los dos Gobiernos.

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Las conversaciones oficiales entre los dos Ejecutivos estaban centradas en la concesión de un prestamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 15.000 millones de pesetas para la filial papelera de Torras a cambio de que Kuwait se comprometiera a invertir 18.000 millones en sus empresas españolas. El acuerdo final se alcanzó el pasado 15 de junio en Kuwait durante una reunión en la que participaron Antonio Zabalza, director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, por parte española, y Rachid Al Bader, director ejecutivo de la Agencia Kuwaití de Inversiones (KIA), organismo supervisor de KIO.Las propuestas de negociación propugnadas por Prado y Folchi se formularon en diversas reuniones mantenidas a lo largo de este año con representantes kuwaitíes en Suiza, Londres y El Cairo. A los responsables de KIA, Prado les sugirió que sus problemas en España y de negociación con el Gobierno español se desbloquearían sí se alcanzaba un acuerdo en Londres.

Cuando Prado y Folchi empezaron sus movimientos, a mediados del mes de enero, el primero estaba siendo sometido a un intensa presión por parte de Javier de la Rosa, encarcelado en la prisión de Can Brians. De la Rosa envió diversos mensajes a Prado, a través de personas como su abogado Juan Piqué, siempre con el mismo contenido: si no se paralizaba la demanda de Londres revelaría ante la Corte (le Londres que el diplomático había recibido transferencias bancarias de 100 millones de dólares. Para Prado, la paralización de ese proceso judicial signicaba evitar el escándalo.

Folchi, por su parte, es uno de los demandados en la causa de Londres y las posibilidades de que, la Corte dicte una orden de embargo de bienes contra él son muy elevadas. Su interés por cerrar ese frente era también evidente.

Cartas falsas

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Al mismo tiempo que se iniciaron los contactos con los árabes de KIA, Prado y Folchi se reunieron en diversas ocasiones con el entonces director general del Cesid, Emilio Alonso Manglano.

El primer encuentro entre Manglano, Prado y Folchi tuvo lugar el 16 de enero. Según ha podido saber este diario, en ese contacto inicial Folchi entregó a Manglano copias de las cartas falsas con el membrete de la Casa Real. La entrega de esas falsificaciones dejaba traslucir una voluntad de colaboración, pues se trataba de un arma importante contra De la Rosa y reforzaba la propuesta de que Manglano debía intervenir para que el Gobierno español presionase en favor de una negociación global con Kuwait. Durante esos mismos días, Prado explicó al responsable de los servicios de información la existencia de las transferencias que de De la Rosa hizo a sus cuentas suizas.

En posteriores reuniones, Folchi entrega a Manglano una lista de supuestos pagos a partidos políticos por más de 3.000 millones de pesetas. La relación, que no incluía ninguna prueba que apoyara esas afirmaciones, abarcaba a prácticamente todas las fuerzas del arco parlamentario y a sindicatos, así como los nombres de algunos ministros. En ese mismo encuentro, Folchi explicó, además, las transferencias de 100 millones de dólares a Prado, otra de 24,7 millones de dólares al empresario Enrique Sarasola y las de 105,9 millones de dólares a De la Rosa, todas ellas referidas a las operaciones investigadas en Londres.

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