La mitad de las 15.000 instalaciones de rayos X médicos funciona de forma ilegal

"Es el colectivo que ahora más nos preocupa, porque es el que actúa con más ligereza". De esta forma, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Manuel Kindelán, echaba ayer un rapapolvo a buena parte de las 15.000 instalaciones de rayos X médicos que se calcula que existen en España -no se sabe el número cierto-. Sólo la mitad han regularizado su situación ante este organismo. Kindelán calificó de "preocupante" la situación y añadió: "Espero que lleguemos de aquí a fin de año a registrar una cantidad razonable, unos 10.000". Los cinco casos de sobredosis radiactiva recogidos por el CSN en su último informe, se produjeron en estas instalaciones médicas.

Kindelán remató su advertencia anunciando que pedirán sanciones para los que no se registren y sometan a inspecciones de acuerdo con la ley: "Solicitaremos a los Ministerios de Sanidad, de Industria y de Interior que actúen en consecuencia". Las instalaciones de rayos X médicos disponen hasta finales de año para registrarse y regularizar su situación ante el CSN. Se piensa que la mayor parte de las que todavía escapan al control pertenecen a pequeños centros privados o consultas dentales.Como un reflejo más de esa irregularidad, el último informe del CSN sobre el primer semestre de este año recoge cinco casos de trabajadores en los que sus dosímetros registraron que han rebasado los límites de dosis radiactivas permitidas, sin conocerse las causas. Los cinco casos se refieren a técnicos que manejan rayos X médicos ya inscritos. Kindelán subrayó que deben "ser más conscientes" de lo que manejan y exponerse menos a la radiactividad.

Además, en los primeros seis meses de este año, el CSN tramitó ocho casos de denuncias producidas como consecuencia del funcionamiento, de estas instalaciones médicas. Los casos se han producido en un ambulatorio madrileño del Insalud, un centro médico de Villalba (Madrid), una clínica privada de Alcalá de Henares (Madrid), una clínica dental de Málaga, un hospital del Servicio Andaluz de Salud de Algeciras (Cádiz), un hospital público de Pontevedra, un hospital del Insalud de Santa Cruz de Tenerife y una clínica privada de la Isla de la Palma.

Ahora mismo hay ya en España 71.784 personas que, por cuestiones de trabajo, están expuestas a radiaciones y deben controlar estas emisiones. El informe del ÚSN destaca que el 99% de estos trabajadores recibió una dosis inferior a una décima parte del límite anual permitido (el estudio abarca medio año).

Otras deficiencias

Además, en las inspecciones que realiza el CSN entre las cada vez más abundantes instalaciones radiactivas, en la primera mitad del año pasado abrió expediente sancionador que ahora debe confirmar o no el Ministerio de Industria a ocho instalaciones no médicas: el Instituto de Agroquímica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Valencia, por carecer de licencias adecuadas; el laboratorio central de Renfe, por no elaborar el informe anual preceptivo y no contar con la vigilancia médica adecuada; Papelera San José, por carecer de las autorizaciones pertinentes; la empresa Mecánica Científica, por la venta de equipos no autorizados; Auximi, de Madrid, por no actuar adecuadamente ante algunas incidencias; Euromica, de Barcelona, por operar sin póliza de cobertura; Reverte de Tarragona, por poseer equipo radiactivo sin autorización; y Papelera Elorza, por el mismo motivo.Otro problema que causó gran nerviosismo entre la población la década pasada, el de los pararrayos radiactivos, está ya en vías de resolución definitiva. José Alejandro Pina, presidente de Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos), explicó ayer que se han retirado y a de los tejados españoles 15.000 aparatos de éstos, que han sido enviados al Reino Unido para el reprocesamiento de los isótopos radiactivos (americio-241) que contienen. Se calcula que hay en España 26.500 pararrayos de esta clase, pero sólo ha habido 1.6.200 peticiones de retirada. De las solicitadas, a Enresa le queda por desmantelar 1.215 unidades; de ellas, aproximadamente la mitad pertenece al Ministerio de Defensa.

La retirada y tratamiento de cada pararrayo le ha costado a Enresa 100.000 pesetas, con lo que el coste total de la operación asciende ya a 1.500 millones de pesetas.

El presidente de Enresa se refirió también al desmantelamiento de la central nuclear de Vandellós (Tarragona), un tipo de operación sobre la que apenas existe experiencia en Europa y cuyo coste superará los 54.000 millones de pesetas. El plan de clausura comenzará en mayo del próximo año. Entre las 300.000 toneladas de desechos, fruto de la demolición, se encuentran unas mil de residuos radiactivos.

Está previsto que los trabajos duren cuatro años para demoler todo excepto el cajón del reactor nuclear. Tras un periodo de 25 a 30 años de espera para que descienda la radiactividad, se procederá al desmantelamiento de lo que fue edificio de contención del reactor.