La rebaja de cuotas sociales y las subvenciones de contratos han alcanzado los 1,125 billones en 1995
Las empresas españolas se han beneficiado en 1995 de una rebaja de cuotas a la Seguridad Social y de unas bonificaciones a la contratación laboral que suman un total de 1,125 billones de pesetas. Esa merma de ingresos para la Seguridad Social equivale a un 5,1% de las cuotas del sistema público, tal como se recoge en el Programa de Empleo del Reino de España que el Gobierno ha elaborado en cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Unión Europea en la cumbre Essen. En el informe el Ejecutivo se compromete a reducir -para finales de 1997- en dos puntos el porcentaje de parados de larga duración -más de un año en paro-, situación que en estos momentos afecta a 1.219.920 personas. Los datos fueron presentados ayer en Córdoba al principio de la reunión informal de ministros de Trabajo organizada por el Ejecutivo español con Juan Antonio Griñán, titular del departamento español del ramo, como anfitrión.La cumbre de Essen de diciembre del año pasado obliga a los gobiernos comunitarios a presentar, por primera vez, planes plurianuales de empleo. Ese compromiso vence en la cumbre de Madrid de diciembre próximo, aunque ya nueve países de los 1,5 tienen acabados sus documentos. El Gobierno español, como titular de la presidencia europea, no ha querido quedarse entre los rezagados y ha llevado su informe a la reunión informal de este fin de semana.
El documento, en su práctica totalidad, recoge las medidas puestas en marcha en los dos últimos anos que tienen relación directa con las cinco recomendaciones de Essen: incentivar la formación profesional para mejorar las posibilidades de empleo, medidas para aumentar la intensidad de creación del empleo, reducir costes laborales, mejorar la eficacia de la política del mercado de trabajo y medidas en favor de los grupos más afectados por el paro.
Tímido compromiso
Una de las prioridades de la política laboral que se remarcaba era la lucha contra el desempleo de larga duración y en este punto el Gobierno español adquiere un tímido compromiso: reducir a través de los programas del Inem en dos puntos el colectivo que ahora reúne a 1.219.920 personas, el 52,3% de los 2.346.000 parados registrados en las oficinas del Inem a finales de agosto pasado. En la hipótesis de que el paro se mantenga en los niveles actuales, supondría reducir el colectivo en tan solo unas 77.000 personas hasta finales de 1997.
El Gobierno español expone también que para reforzar la Formación Profesional se ha acordado un programa nacional con los agentes sociales por el cual en el periodo 1993-1996 se van a destinar 1,8 billones de pesetas, el 70,3% para formación inicial y el resto para reciclaje de trabajadores ocupados y parados.
Para aumentar la intensidad de creación de empleo, el informe subraya la importancia de la reforma laboral y la reducción de costes laborales junto con la re baja de un punto de las cuotas de la Seguridad Social aplicada en enero de 1995, las subvenciones a la contratación y las menores cotizaciones de los contratos de aprendizaje, que suman un impacto económico de 1,125 billones de pesetas para la Seguridad Social.
La mejora de la eficacia de la política del mercado de trabajo se ha logrado, a juicio del Gobierno, mediante las modificaciones en la protección de desempleo -el llamado decretazo de 1992-, las políticas activas del Inem y la utilización de las agencias de colocación sin fines lucrativos.
Por último, el documento enumera medidas en favor de los grupos más afectados por el desempleo, como la formación ocupacional para jóvenes. Los contratos incentivados para ese mismo colectivo -aprendizaje y prácticas-, la promoción de empleo de la mujer, las ayudas a la contratación de minusválidos y planes contra el paro de larga duración (contratación incentivada, Formación Profesional y medidas de reinserción en actividades de interés social que afectarán a más de 150.000 trabajadores en tres años).
