Dimisión necesaria

EL DIPUTADO socialista José Barrionuevo dice no te ner nada que reprocharse por los hechos criminales que, cuando él era ministro del Interior, protagonizaron los GAL y que ahora investiga el Tribunal Supremo. A partir de esa tranquilidad de conciencia se resiste a dimitir de su cargo como presidente de la Comisión Constitucional. del Congreso, pese a que el instructor del alto tribunal, Eduardo Móner, ya ha solicitado el suplicatorio para interrogarle. Pero convertir el veredicto de la propia conciencia en el único criterio para resolver esta cuestión es no ya una ventaja, sino una trampa. Porque se designa a si mismo como juez siendo parte.Como en tantos otros asuntos que afligen hoy a los socialistas, lo que hay que hacer debería haberse hecho hace mucho tiempo. Barrionuevo debió haber dimitido cuando las declaraciones de Amedo le pusieron en la picota, pero a estas alturas, y al margen de lo que decidan los jueces, ya no es soportable que ministro del Interior cuando sucedieron aquellos gravísimos hechos presida aún la comisión del Congreso que vela sobre los derechos y libertades.

Cierto que hay sectores interesados que verán en la dimisión una confesión de culpabilidad. Pero esa perversion no se combate escudándose tras ella para eludir la propia responsabilidad. La petición del suplicatorio no equivale a culpabilidad, penal. Pero sí debilita la presunción de inocencia, al menos en el terreno político.

Una forma razonable de asumirla a estas alturas del proceso penal es dimitir de la presidencia de la Comisión, al menos mientras dure la instrucción del Supremo, Aunque no, renuncie al fuero de diputado. La función pedagógica de ese gesto es proporcional a su inmediatez. Decir que lo pensará o supeditará a la opinión de sus compañeros de grupo es esquivar la cuestión..

Sobre todo cuando dentro del Grupo Socialista existe tal incertidumbre sobre el sentido del voto cuando se plante , en el suplicatorio. Por una parte, se condiciona la asunción de responsabilidades políticas a una sentencia firme de los tribunales; por otra, se obstaculiza la concesión del suplicatorio con razones tan: improcedentes como las aducidas por Benegas. Negar la petición del Supremo sena obstaculizar la acción de la justicia. Y, puestas así las cosas, Barrionuevo tiene que dimitir de la Comisión Constitucional.