Hacienda abre vías al alcalde para anular el contrato de los 'chirimbolos'

VIENE DE LA PÁGINA 1Los servicios técnicos y jurídicos municipales deberán emitir sendos informes en la instrucción de ese procedimiento, y, por otro lado, se deberá escuchar al interesado (Decaux). Acabado el procedimiento, se remitirá a la Junta Consultiva de Contratación de Hacienda.

La clave del escrito reside en su tercer párrafo: "Como quiera que la causa de apreciación de la posible declaración de la prohibición para contratar se refiere a una sentencia condenatoria por delito de cohecho acordada por los tribunales de Bélgica, Estado miembro de la Unión Europea, deberá acreditarse en el expediente el testimonio de la misma, debidamente traducido al idioma español, con el fin de evaluar su posible incidencia en la aplicación de los efectos establecidos en la legislación citada".

El fin de tal petición, aclara el Ministerio de Hacienda, es "determinar si el representante de la empresa Cemumasa ha formulado una declaración concorde o no con la realidad respecto de su capacidad para contratar con la Administración, en relación con las situaciones indicadas en el artículo 9 de la Ley de Contratos del Estado, norma vigente en el momento de la licitación y adjudicación del contrato, eludiendo la presentación del testimonio judicial que informase a ese Ayuntamiento respecto del incumplimiento del requisito regulado en el apartado a) del citado artículo, lo que podría ser causa de resolución de contrato en los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Contratos del Estado"

Decaux, presidente

En la documentación presentada por Cemumasa para el concurso de los chirimbolos que se falló en julio de 1994 no se mencionó en ningún caso que su presidente hubiera sido condenado por cohecho y soborno. La sentencia se produjo en 1992 y condenó a Jean Claude Decaux, de 57 años, a un año de prisión -del que quedó exento por carecer de antecedentes- y a una multa de 60.000 francos belgas (unas 250.000 pesetas) por financiar la campaña electoral del alcalde Édouard Close con cuatro millones de francos belgas.

A consulta de EL PAÍS, Cemumasa se limitó a señalar que "Jean Claude Decaux no es representante legal de la compañía en España". Pese a esa tesis, existe un dato incuestionable: Jean Claude Decaux es presidente de J. C. Decaux y de Cemumasa. En concreto, desempeña el cargo desde el 11 de abril de 1994 -tres meses antes de que se fallara el concurso-, cuando aceptó el puesto mediante un documento que legalizó en París.

El certificado de incompatibilidades que presentó Cemumasa para concursar está firmado por Jean Charles Decaux (hijo de Jean Claude Decaux y vicepresidente y consejero delegado de la sociedad). En el documento, "declara y jura bajo su responsabilidad que ni la mercantil Cemumasa ni ninguna de las personas que de ella forman parte se hallan incursas en las incapacidades que señala el artículo 9 de la Ley de Contratos del Estado".

Sobre el posible ocultamiento de datos, el secretario general del Ayuntamiento, Mario Corella, puntualizó en el mes de julio que "si hubiera falsedad de la empresa en la declaración jurada que exige la ley, la responsabilidad es del declarante. Nosotros [el Ayuntamiento] aceptamos la declaración".

Corella añadió entonces que no existe jurisprudencia que aclare hasta qué punto está afectada por las normas españolas una persona física o jurídica condenada según leyes de otro país. Fuentes de Hacienda afirman que, una vez que el Ayuntamiento le remita el expediente, lo que le compete no es anular o no el contrato, sino declarar incapacitado para contratar en el futuro con cualquiera de las administraciones públicas a Jean Claude Decaux. Las mismas fuentes de Hacienda indicaron que las directivas comunitarias hacen aplicable en España una sentencia por soborno o cohecho en un país de la Unión Europea como causa para ser excluido de contratos públicos.

La prudencia del escrito de Hacienda sobre la "posible incidencia" de la sentencia belga es achacada al hecho de que, oficialmente, aún no se conoce su contenido, elemento que es decisivo para ver si encaja con los delitos que tipifica la ley de contratos como causa de exclusión, entre los que se encuentra el cohecho. La sentencia contra Decaux es, precisamente, por soborno y cohecho.

Apoyo de Chirac

Al margen de la estética del mobiliario y de las condiciones del contrato (instalación y explotación durante 18 años de 1.572 chirimbolos, equivalentes a 6.700 metros cuadrados de publicidad nueva a cambio de pagar 5,2 millones de pesetas anuales en efectivo y otras contrapartidas no económicas), la polémica subió de tono cuando en plena campaña para las elecciones municipales se conoció que el ex alcalde de París y actual presidente de Francia, Jacques Chirac, intercedió a favor de la empresa J. C. Decaux mediante cartas enviadas al presidente del PP, José María Aznar, en las que mostraba su interés por que esa sociedad resultara adjudicataria del mobiliario urbano de Madrid.

El presidente del PP restó entonces importancia a las cartas de Chirac, enmarcándolas en el interés natural de un político francés por una empresa de la misma nacionalidad.

La empresa J. C. Decaux factura más de 62.000 millones de pesetas al año. Su mobiliario está instalado en 600 ciudades francesas y en otras 200 del resto de Europa. Cuenta con 3.500 asalariados. En España, Decaux ha instalado sus muebles urbanos en capitales como Valencia, Zaragoza, Murcia y Alicante, además de Madrid.