Pequeños inversores denuncian que Francisco Álvarez hizo negocios con 'dinero negro'

, Un grupo de pequeños inversores ha presentado ante el Juzga do de Primera Instancia número 5 de Reus (Tarragona) un documento en el que afirman que Francisco Álvarez, ex jefe del Mando Único de la Lucha Contraterrorista y uno de los imputados en el caso GAL, invirtió 21 millones de pesetas de dinero negro en una sociedad inmobiliaria. Los denunciantes apoyan sus afirmaciones en los datos informáticos obtenidos durante el registro judicial de una sociedad inmobiliaria denominada Reus Sant Jordi.

En el documento presentado ante el juez, los inversores sostienen que Francisco Álvarez Sánchez "efectuó en su día una inversión real de 21 millones de pesetas. Dicha persona ha sido últimamente protagonista de muchos encabezamientos de periódicos por, su relación con el GAL, por lo que estimamos que. sería de interés poner en conocimiento de la Audiencia Nacional tal hecho, para que. el juzgado que de la misma tramite la instrucción de aquel caso, proceda a las investigaciones oportunas para comprobación de ello".

Este escrito fue remitido al juez instructor el pasado 5 de septiembre y la petición fue rechazada el 3 de octubre por el magistrado titular, Roberto Esteban Pradas. El juez se limita a denegar la petición porque entiende "que no es objeto del pleito". No obstante , la presencia de Álvarez en el pleito es conocida en medios de la fiscalía de Tarragona, según puntualizaron fuentes conocedoras del caso.

Promotora de viviendas

Los hechos se remontan al 21 de octubre de 1989, cuando diversos pequeños inversores, entre los que se encontraba Francisco Álvarez, decidieron crear una, promotora de viviendas en Reus. La sociedad recibió el nombre de Reus. Sant Jordi, y Álvarez asumió la propiedad del 15% del capital, lo que representaba una inversión de 14,5 millones de pesetas.

Posteriormente, en 1993, los accionistas de Reus Sant Jordi advirtieron actuaciones supuestamente irregulares del administrador único de la sociedad, Gabriel Nicolau Curull, y presentaron en el juzgado de Reus una querella criminal por apropiación indebida, estafa y falsificación documental. Los querellantes sostenían que Nicolau había perjudicado a los accionistas en cerca de 300 millones de pesetas. Los pequeños inversores estaban perplejos por el comportamiento de Álvarez, quien a pesar de ser un o de los perjudicados, no sólo declinó participar en cualquier acción judicial, sino que además puso rápidamente sus acciones a la venta a fin de no aparecer implicado en las actuaciones.

Por orden judicial se registró la sede de la empresa del administrador demandado y se intervino abundante información registrada en los ordenadores. Los demandantes afirman que de esos datos "se desprende que el capital real de la sociedad, o sea las aportaciones de los socios en concepto de capital, es el doble del declarado realmente lo que de por sí parecería indicar que la sociedad ya nació con una doble contabilidad". Los demandantes solicitaron la intervención de la Inspección de Hacienda, lo que el juez rechazó.