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Autorizada la construcción urgente de plantas desaladoras en todas las ciudades del litoral sur

El plan matasequía ha pisado el acelerador. Los ayuntamientos acaban de recibir del Ministerio de Obras Públicas los convenios reguladores de las plantas desaladoras por cuya instalación venían clamando desde hace meses. La ausencia de lluvias con que se ha estrenado el año hidrológico 1995-1996 prolonga el periodo más seco desde hace más de un siglo en España. Desde los años ochenta del siglo pasado no se recuerda un ciclo tan seco. Las reservas urbanas de agua en la mitad sur están al borde de la extinción. La instalación de desaladoras en las ciudades del sur complementará el abastecimiento con un elevado coste que sólo en casos contados será sufragado por Obras Públicas.

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Un modelo para cada lugar

El secretario de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, José Alberto Zaragoza, ha remitido a los ayuntamientos de las ciudades andaluzas más afectadas por la sequía, un borrador del convenio que regulará las potabilizadoras de agua. Los convenios, han sido negociados con la Junta de Andalucía.La primera pla ta comenzará a operar en Ceuta, donde actualmente se bebe agua importada de la. Península. Al concurso convocado por Obras Públicas para la instalación de esta planta han acudido 15 empresas. La selección ya ha comenzado, y, una vez que se decida el sistema de desalación, se adjudicará por el procedimiento de urgencia.

El segundo grupo de potabilizadoras comprende las plan tas de Sevilla, Cádiz y los res tantes municipios de la bahía gaditana. En la reunión mantenida el pasado 13 de septiembre por el secretario de Estado en la capital andaluza con los alcaldes de estas poblaciones se decidió que se trataría de instala ciones provisionales y móviles, en la medida en que la solución a los déficits estructurales de agua de estas poblaciones está ya adoptada y requerirá de un plazo no superior a los cinco años para que esté operativa. Sevillase nutrirá, de la presa de MeIonares, y la bahía de Cádiz, del trasvase Guadiaro-Majaceite, en fase de construcción.

Hasta que concluyan estas obras, las dos áreas dispondrán de desaladoras móviles financiadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Junta de Andalucía. Pero serán los ayuntamientos los que asuman el coste de su explotación, durante el tiempo en que estén en servicio -dos, tres o cuatro años- y lo hagan repercutir en los usuarios, según el director general de Obras Públicas, Adrián Baltanás.

El sistema de las desalinizadoras a construir en Cartagena (Murcia) y Alicante difiere, ya que no se espera que la meteorología de esta región la convierta en Galicia. En este caso será el propio ministerio el que las adjudique por concesión durante 15 años, como si se tratara de una autopista. El ministerio comprará el agua y la enganchará. a la red de los Canales del Taibilla, entidad que abastece a los dos millones de habitantes de Murcia y el sur de la Comunidad Valenciana.

El tercer grupo comprende a la Costa del Sol y las ciudades de Almería y Málaga. El ministerio delegará en sus ayuntamientos o mancomunidades los concursos de concesión, pero tendrán que amortizar su coste mediante su repercusión en los usuarios y con ayudas comunitarias.

Pugna por el pastel

En ningún caso está decidido el sistema de desalación. La posibilidad de participar en un negocio, que maneja cifras de 7.000 millones de pesetas por unidad (para 40.000 metros cúbicos diarios) ha desatado una inusitada puja en el sector para hacerse con una porción de este pastel. Cada tecnología vende sus ventajas sobre las demás, aunque su abanico se ha reducido a partir de un decreto que excluye de la consideración de desaladoras aquellas plantas que simultáneamente generen electricidad por encima del 25 megavoltios amperios (MVA) o viertan a la red eléctrica más del 25% de su producción. Algunos promotores de estas plantas ofrecían. el agua a tarifas por debajo del coste a cambio de vender la electricidad generada a un precio ventajoso.

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