Cien días de ensayo

A LOS 100 días de su toma de posesión, los nuevos gobiernos regionales y municipales del Partido Popular han demostrado más preocupación por. acreditar una imagen de austeridad que por cualquier otro aspecto de su programa. A la espera de disponer de presupuestos propios y, sobre todo, de la victoria de Aznar, que dan por descontada, los nuevos gestores del PP parecen más preocupados por no cometer errores que puedan comprometer esa victoria que por plasmar proyectos dé cierta entidad. En todo caso, esos 100 días son un ensayo práctico de alternancia política, que sea cual sea la valoración que merezca, constituye una positiva demostración del buen funcionamiento de un sistema democrático. Tras las elecciones de mayo, el PP, que hasta entonces sólo gobernaba en 4 de las 17 comunidades españolas, pasó a hacerlo en 10. A la vez, fue la fuerza más votada en 43 de las 52 capitales de provincia, en 33 de ellas con mayoría absoluta. El resultado es que hoy tienen alcalde popular 46 de las 90 ciudades más pobladas de España (27 lo tienen socialista).El PP carecía de un programa de política municipal aplicable con carácter general, pero de las intervenciones de sus líderes en la campaña se deducen los siguientes ejes de actuación y temas principales de diferencia ción: lucha contra el paro, acabar con el despilfarro de las administraciones, denunciad e la corrupción, crítida de la política de nombramientos (sectaria, nepotista),, prioridad a la seguridad ciudadana.

Es pronto para establecer un balance, y sobre todo para generalizar conclusiones válidas para el conjunto de las administraciones gestionadas por el PP. Los proyectos de más entidad dependen de presupuestos que no entrarán en vigor hasta comienzos de año. Pero sí parece deducirse una cierta tendencia a no hacer nada que produzca mucho ruido; a aplazar iniciativas susceptibles de suscitar la contestación de sectores que se sintieran perjudicados. La actitud de la alcaldesa de Cádiz respecto a la crisis de los astilleros es sintomática de la adaptabilidad a la presión, ambiental: las críticas genéricas al descontrol del déficit público y a la política de subvenciones (clientelismo, voto cautivo) son compatibles, con la defensa del intervencionismo estatal en cada caso concreto.

Se observa, sin embargo, una clara voluntad de acreditar con hechos el compromiso de austeridad. En lo personal y en lo institucional. La alcaldesa de Zaragoza ha obtenido más prestigio por su decisión de almorzar el menú del día en una cafetería próxima al Ayuntamiento, y pagar de su bolsillo, que de cualquier otra decisión. Sobre todo por el comprobable contraste con las facturas de la anterior corporación. Pero esa voluntad se manifiesta sobre todo en las iniciativas tendentes a reducir el número de altos cargos. Fuentes del PP cifran en cerca del 40% la reducción de tales cargos en las autonomías que gobiernan. Se estima que ello supondrá un ahorro de 300 millones en Asturias y de 500 en Madrid, como casos más significativos.

La Comunidad de Madrid, presidida por Ruiz-Gallardón, se ha convertido en banco de pruebas de una gestión diferente, pero también en piedra de escándalo interna. La pretensión de Ruiz-Gallardón de cumplir sus compromisos electorales, incluyendo el de no imitar el sectarismo socialista en los nombramientos, ha sido considerada una provocación por algunos dirigentes populares, pero sobre todo, por algunos caraduras cuya influencia mediática les hizo pensar que la victoria electoral era obra suya, debida a sus denuncias contra los socialistas, lo que les daba derecho a ocupar los los cargos públicos a que aspiraban. La otra cara de la moneda la representa la política de nombramientos de Eduardo, Zaplana en Valencia, rectificada a medias por la cúpula del PP: Aznar, que ya obligó a dimitir a Cañellas, no quiere que le comprometan. Aunque su disculpa de que no puede estar "encima de responsabilidades que son de otrós" recuerda demasiado a las invocadas por González ante él en otros tiempos.