¿Un mundo sin minas?

Desde el 25 de septiembre y hasta mediados de octubre se reunen en Viena los 50 países que hasta ahora han firmado la Convención de 1980 sobre determinadas armas clásicas (también llamada de Armas Inhumanas), con objeto de revisar a fondo su contenido, y en particular su Protocolo II, que limita el empleo de minas terrestres. España es uno de los países firmantes.Utilizadas durante décadas como un artefacto defensivo y, en teoría, bajo un estricto código de uso, las minas terrestres se han convertido hoy día en una de las formas más indiscriminadas de destrucción, desde el momento en que son usadas a gran escala y de forma deliberada para dañar especialmente a la población civil. El 90% de los conflictos de los últimos años han sido internos, no entre ejércitos regulares de diferentes Estados. Hoy las guerras son civiles o de contrainsurgencia, y los actores suelen ser guerrillas, bandas incontroladas o fuerzas irregulares, sin poner letreros de aviso y sin elaborar mapas que después permitan. retirarlas. El resultado es la existencia de más de cien millones de minas antipersonales diseminadas en más de 60 países. En los últimos 20 años, estas minas han herido o matado a más de un millón de personas. Cada año, además, se colocan entre dos y cinco millones de nuevas minas, mientras que el ritmo de desminado es de sólo 100.000.

La necesidad de poner fin a este desmadre tan luctuoso es unánime, e incluso muchos militares profesionales han entendido que el descontrol universal de esos artefactos obliga a replantear tanto su uso como su misma existencia. Las minas son muy baratas (se pueden encontrar por menos de tres dólares la unidad), se lanzan desde aviones o vehículos siembraminas (lo que impide su localización exacta una vez terminado el conflicto), permanecen activas durante 20 años y mutilan con mayor frecuencia a niños y mujeres que se arriesgan a jugar o recolectar por los campos o carreteras minados.

Desde que a principios de 1992 varias ONG de diferentes países iniciaran una campaña internacional para prohibir su uso, exportación y fabricación, muchos organismos internacionales (como la Cruz Roja o el Unicef), el propio Butros-Galí y la Asamblea General de la ONU, junto con centenares de entidades de todo el mundo, han llegado a sensibilizar profundamente a la opinión pública sobre este tema. El resultado más evidente es una moratoria en la exportación de las minas, seguida en estos momentos por más de veinte países, y la decisión de algunos otros de prohibir su fabricación. Bélgica ha sido el primer país en tomar esa valiente decisión.

Los expertos gubernamentales que han preparado el texto de revisión del Protocolo han redactado un documento que intenta limitar al máximo el uso indiscriminado y los daños causados por las minas, prohibiendo las no detectables, extendiendo el campo de aplicación del Protocolo a los conflictos intraestatales, prohibiendo las minas lanzadas a distancia que no dispongan de mecanismos de autodestrucción, prohibiendo las que tengan forma y apariencia de objetos inofensivos (como las famosas mariposa, que parecen juguetes y, por ello, mutilan a los niños), prohibiendo su exportación a los países que no han firmado el Protocolo (la mayoría), alentando la cooperacion para el desaminado y proponiendo nuevos protocolos que limiten otro tipo de armas técnicas bélicas, como el empleo del láser, las bombas de racimo o las minas navales.

A pesar de las buenas intenciones, sin embargo, estas propuestas no sólo no van a solucionar en modo alguno el problema, sino que pueden llegar a consolidar el principio de que "la barbarie puede controlarse con la moderación voluntaria". Las propuestas quizá podrían cumplirse por determinados ejércitos, pero no por quienes utilizan habitualmente las minas. No debe olvidarse, además, que las tres cuartas partes de los países del mundo no han firmado el convenio, por lo que tampoco se sentirán obligados a cumplir con las nuevas reglas.

Ante el terror de las minas sólo cabe prohibir su fabricación, uso y exportación, esto es, olvidarse de ellas como instrumento de defensa. Continuar con su fabricación supone exportarlas y diseminarlas por más territorios, puesto que el secretismo del comercio armamentista y la facilidad con que circulan estos pequeños arte factos garantizan su fácil distribución. Cómo medidas inmediatas, debería prolongarse de forma indefinida la moratoria actual sobre su exportación (castigando a quienes todavía las ofrecen en las ferias internacionales), debería destruirse el stock actual de minas antipersonales, que en el mundo suman otros 100 millones, y aumentar las dotaciones para el fondo que la ONU ha creado para el desminado, con contribuciones especiales de los países que en el último decenio han exportado mayor número de minas: Rusia, Italia y China.

La moratoria actual de muchos países y la posibilidad real de que en un futuro se eliminen de la faz de la tierra esas pequeñas máquinas de matar y mutilar de forma indiscriminada es también una victoria de la sociedad civil y de la responsable actuación de muchos organismos internacionales, que han sabido colaborar y conspirar inteligentemente para mostrar los efectos de las minas a la gente de la calle. La diplomacia del desarme es y será siempre lenta. Pero si la ciudadanía asume estos temas y los batalla de forma directa, el desarme puede dejar de ser una quimera. El fin de las minas antipersonales del secretismo en el comercio armamentista y de las pruebas nucleares son tres ejemplos de conquistas que están a la vuelta de la esquina si la gente se lo propone.