García Damborenea vuelve a acusar a González

J. YOLDI / J. M. LÁZARO Ricardo García Damborenea ratificó ayer ante el magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Moner que Felipe González decidió poner en funcionamiento los GAL en la primavera de 1983. García Damborenea precisó más que ante Garzón sus acusaciones contra el presidente del Gobierno y contra el dirigente socialista José María Benegas y matizó que sus anteriores acusaciones contra el ex vicepresidente, Narcís Serra eran una suposición, dado el cargo, que ocupaba, según informaron abogados que asistieron a la declaración. El antiguo responsable de los socialistas de Vizcaya se desmarcó de la "especie de guerra de Troya particular que se traen entre el señor González y el señor Conde", y afirmó que el acta de los GAL estuvo en los archivos del PSOE

Las acusaciones de García Damborenea provocaron anoche una lacónica reacción de Felipe González a su llegada a Washington, informa Antonio Caño. "De un personaje de esta naturaleza no me extraña nada", dijo el jefe del Gobierno.García Damborenea no rectifica ni se arrepiente de nada. Ayer, ante el Instructor del Supremo, volvió a acusar a González de ser el máximo responsable de los GAL. La decisión de emplear la guerra sucia en la estrategia antiterrorista contra ETA la tomó en la primavera de 1983, según dijo. El presidente, dijo Damborenea, estaba convencido de que la guerra sucia era el único camino posible para acabar con el terrorismo, y así se había hecho o se estaba haciendo en Israel, Alemania, Francia o Estados Unidos. Según declaró, González mantuvo en aquellas fechas reuniones con múltiples responsables políticos -entre los que se encontraba él- cuya identidad Damborenea se negó a revelar, que le confirmaron la idea que él ya tenía.

Por ello, argumentó el ex dirigente socialista, el acta del Cesid no fue determinante para la puesta en marcha de los GAL. No tenía que ver ningún acta, dijo, para saber que se estaba haciendo en otros países con los mismos problemas. González ya tenía tomada la decisión en primavera de 1983, y el documento del Cesid es de julio.

"Lo hablé con él"

El juez le preguntó que cómo le constaba que el presidente estaba al corriente o autorizaba la guerra sucia. "Porque lo hablé con él en varias ocasiones entre 1982 y l985", respondió Damborenea. Argumentó que en aquellas fechas, él era. presidente del comité federal del PSOE además de secretario de los socialistas de Vizcaya. Como el comité se reunía tres o cuatro veces al año, aprovechaba las visitas para hablar con González en Ferraz (sede del PSOE en Madrid), en La Moncloa o en el Congreso.

Damborenea acusó al entonces secretario general de los socialistas vascos, José María Benegas, de estar al corriente del secuestro de Segundo Marey, según algunos abogados, y dijo que incluso comentaron entre ellos el caso, aunque declaró que ignora cómo le llegó la información a Benegas. Preguntado acerca de por qué le llamaron a él como referente político, en lugar de a Benegas -superior político suyo- la noche del secuestro de Marey, respondió que él fue el que estaba disponible esa noche.

Sin embargo, y respecto a Benegas, Damborenea dijo a los periodistas: "Me he negado a hacer precisiones de cualquier clase, respecto de cualquier persona".

Con respecto a Narcís Serra, el ex dirigente socialista reconoce que fue una conjetura suya implicarle en el conocimiento de la trama de los GAL. Afirmó que dado el puesto que Serra ocupaba -Ministro de Defensa cuando ocurrieron los hechos- y teniendo en cuenta como se funcionaba en aquella época, supuso que él debía estar enterado.

Muchas de las preguntas formuladas por el juez y los abogados a Damborenea giraron sobre el acta de los GAL. Explicó que el documento le fue entregado por el comandante del Cesid Jesús Somonte y que lo guardó en un archivo del PSOE, porque él no llevaba uno personal.Preguntado si ahora lo había recuperado de ese archivo, Damborenea se mostró enigmático. Dijo que lo había recuperado de un "archivo político" del que no quería hacer más precisiones a través de otras personas "próximas al Gobierno" a las que tampoco quiso a identificar. Negó que esas personas fueran el coronel Juan Alberto Perote u otros miembros del Cesid.

Damborenea, al igual que ante Garzón, se amparó en ocasiones en su falta de memoria, habida cuenta de que han transcurrido 12 años, y en que él no llevaba una agenda ni grababa las conversaciones. Tampoco aportó nuevos documentos.

El ex dirigente socialista, que hizo campaña en favor del PP en las últimas elecciones europeas y en las vascas de 1994, dijo que se sigue sintiendo socialista y no quiere perjudicar ni al presidente, ni al Gobierno ni al PSOE, del que dijo que nunca ha sido expulsado. Damborenea fue suspendido de militancia en 1985 y cuando fundó otro partido, Democracia Socialista, se le dio por autoexcluido.Varios abogados que estuvieron presentes en la declaración afirmaron que no quiso contestar o dijo que no recordaba todas las preguntas relativas a la posible implicación del Cesid o de la Guardia Civil en la organización de atentados de los GAL.

Proceso político

Ante los periodistas aclaró que no quería participar en el juego político que está corriendo paralelo al proceso de los GAL y dijo que le parece injusto e inaceptable que las responsabilidades por este caso se delimiten en el ex ministro José Barrionuevo.

Agregó que "no hubiera sido posible que los GAL duraran 24 horas si no contaran con una decisión del presidente del Gobierno", pero matizó: "Si alguien pretende que la responsabilidad del presidente del Gobierno esté vinculada a mis palabras, que no cuente conmigo, porque si mis palabras han implicado al presidente del Gobierno es porque los hechos ya le señalaban, si no, yo no hubiera podido implicarle". "Yo creo", abundó, "que lo que señala al presidente del Gobierno son los hechos y no mis palabras. Si los hechos no bastan, mis palabras sobran".

Para hoy está citado a declarar en el Supremo el ex gobernador civil de Vizcaya y ex director general de Seguridad Julián Sancristóbal. Para la próxima semana, el juez Moner ha convocado a Francisco Álvarez, ex jefe del Mando Único de la Lucha Contraterrorista, y a Miguel Planchuelo, ex jefe superior de policía de Bilbao, todos ellos procesados en el caso GAL.