Técnica de una operación de chantaje

En los primeros contactos entre Mario Conde y los aledaños del Gobierno, en febrero, tras la salida de prisión del ex banquero, el planteamiento fue puramente personal. Conde, a través de sus asesores; cuestionó la intervención de Banesto, denunció la querella criminal y dijo que las actuaciones del juez García-Castellón eran políticas. También expresó su voluntad de querellarse contra el vicepresidente. Narcís Serra.La continuidad del juez al frente de la instrucción del caso Banesto, bajo secreto, llevó al ex banquero a planificar una ofensiva pública a finales de abril pasado. El día 25, precisamente, vencía el primer mandato de seis meses de García Castellón como juez de apoyo de la Audiencia Nacional, y la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial debía adoptar una decisión.

Ese día, Santaella publicó un artículo en El Mundo en el que proponía apartar a García-Castellón del Juzgado 3. Lo que Santaella, que desde el 9 de enero trabajaba para Conde, no aclaró ni lo hizo el periódico es que se trataba de la opinión del abogado de Conde. En cambio, se presentó, de hecho, como la tribuna de un jurista independiente. Detrás de los bastidores ya había comen zado, en el mismo mes de febrero, una operación secreta, toda, vez que Conde tenía controlado al menos un lote del material de Perote. Santaella dice la verdad: "Perote no existía informativamente en esas fechas". Pero Perote existía. Y Conde mantenía con tactos con él desde hacía tiempo. Hubo, por esas fechas, el 27 de febrero, una filtración: las grabaciones al expresidente Adolfo Suárez, antecedente del escándalo de las escuchas del 12 de junio.

Con el lote aludido, el equipo de Conde elaboró un informe muy amplió. Hubo dos destinatarios: José Barrionuevo y Adolfo Suárez. El primero recibió una versíón mínima, fallos arrancados de un informe más amplio. El segundo, una versión completa. Ambos hicieron llegar el mensaje al Gobierno.

La presión se incrementó a finales de mayo. Conde envió mensajes a Emilio Alonso Manglano, a través de dos personalidades -Suárez y Luis María Ansón- para que el director del Cesid declarara ante el juez del caso Crillon, Eduardo Moner, que Narcís Serra había encargado el Informe Crillón. Los mensajes fueron transmitidos, pero Manglano declaró, el 1 de junio, que La Casa no pagó ni cinco céntimos por el informe.

Fue la represalia a Manglano, a Serra y al Gobierno, bajo la forma del escándalo de las escuchas, el 12 de junio, lo que disparó los acontecimientos. La presencia de Perote quedó al descubierto. Y fue detenido.

Así fue como el ex banquero vio una oportunidad para vincular con el de Perote su propio caso, que no lograba una solución, y que incluso parecía agravarse a raíz de la decisión del Consejo del Poder Judicial, el 25 de abril, de renovar por seis meses el mandato de García-Castellón. Había encontrado el nexo perfecto el abogado de Conde, Jesús Santaella, pasaba a ser el letrado de Perote.

Como el Gobierno no cedía a las pretensiones del ex banquero-dejar fuera de combate a García-Castellón, pagar una indemnización entonces no cuantificada y respetar los contratos blindados impugnados por Banesto-, empezó la última etapa. Documentos de la enumeración que llegó al Gobierno en marzo comenzaron a ser filtrados.

Al recibir González a Santaella, el 23 de junio, Conde se envalentonó. Así entró en escena, el 25 de julio, el abogado Mariano Gómez de Liaño, con sus reivindicaciones.

Santaella definió ayer exquisitamente el juego: con el Gobierno "las razones jurídicas son las que se ponen encima de la mesa". Las otras -la materia misma del chantaje- ya no había que mentarlas. Habían llegado al destinatario por otras vias.