El fiscal general no ve aún delito en las presiones de Mario conde

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, estudia las presiones del tándem Mario Conde Juan Alberto Perote al Gobierno, pero aún no abre diligencias porque las noticias publicadas sobre estos hechos son "vagas e imprecisas". Por el contrario, el Gobierno, a raíz de los contactos con los emisarios de ambos procesados, el primero por una monumental estafa y el segundo por el expolio de secretos del Cesid, se planteó acudir a los tribunales e incluso la posibilidad de grabar dichab entrevistas para demos trar su tono amenazador. Fuentes del Ejecutivo aseguran que, incluso sin presentar grabaciones, el relato de la casi decena que, incluso, sin presentar grabaciones, el relato de la casi decena de interlocutores gubernamentales de los emisarios serviría como prueba para formalizar una denuncia por chantaje. En contra de presentar la denuncia, según fuentes próximas al, Ejecutivo, pesaron varios argumentos. En el campo jurídico, se inscribía la dificultad de demostrar la realidad de un chantaje a veces sólo esbozado de manera elíptica.En este terreno, surgieron dudas sobre la. legalidad de presentar como pruebas grabaciones que realizaran los protagonistas gubernamentales de tales entrevistas de sus contactos con los emisarios di Conde y Perote. En Interior, según fuentes del departamento, siempre recalcaron que toda grabación, de llevarse, a cabo, debía realizarse con control judicial para evitar que las pruebas fueran invalidadas, como en el caso Naseiro.

Por el contrario, altos cargos de Moncloa eran partidarios de seguir esta vía por entender que resulta perfectamente legal una grabación en la que alguien registre una conversación propia. Ya rotos los contactos, se barajó reanudarlos con el único objetivo de tender una trampa a los emisarios de Conde y grabarles subrepticiamente, algo que, según las fuentes consultadas, no llegó a materializarse.

Motivos políticos

En todo caso, según cargos de Interior, el Gobierno ya se planteó tanto a principios como a fines del verano la posibilidad de acudir a los tribunales, lo que contradice la versión de que el Gobierno no se sintió coaccionado. Los argumentos que más pesaron en contra de la denuncia no fueron jurídicos, sino políticos: la desconfianza hacia cuál podía ser la reacción del tándem filtrador hizo que prevaleciera en diversas ocasiones la opinión de que, era mejor no acudir por ahora a los tribunales.En este sentido, según fuentes del Ejecutivo, pesaba sobremanera que una reacción destemplada del dúo pudiera complicar la situación jurídica del ex ministro del Interior José Barrionuevo, sobre quien el Supremo debe decidir si remite un suplicatorio al Parlamento por su presunta implicación en los GAL.