El tercer ajuste

NO HAY que hacer ningún esfuerzo para comprender la angustia y la preocupación que deben sentir los 10.000 trabajadores de los astilleros públicos, enfrentados a su tercera reconversión en 11 años. Pero no es posible trasladar esa comprensión hacia los violentos métodos de protesta de los que han hecho gala cientos de ellos, flanqueados por algunas decenas de jóvenes poseídos por el síndrome Jarrai. Los destrozos del mobiliario urbano, los cortes de la vía pública, el incendio de edificios y el asalto a la sede de un partido político -escenas que han convulsionado estos días la vida de Cádiz y Sevilla, las dos ciudades más afectadas por la crisis- no pueden ser comprendidos, y menos aún jaleados.Los sectores industriales envejecen. Es algo connatural al desarrollo de las fuerzas económicas y a la aparición de nuevas tecnologías. Anticiparse a esas crisis de obsolescencia es lo que distingue a los buenos de los malos gestores. Pero también a los sindicatos responsables de los que buscan sólo una victoria coyuntural aun a riesgo de derrotas definitivas en el futuro. Todos pueden ser culpables si, ante la crisis imparable que amenaza con reducir a la mínima expresión el sector naval español, no intentan hacer las cosas de la mejor manera posible. Hace décadas que los países industriales más avanzados superaron esa crisis que, en mayor medida que a España, también les afectó a ellos.

Parecía que el ineludible tercer ajuste de un sector público en permanente pérdida como el naval se había encarado con mejores maneras y mayor acierto que los anteriores. Es decir, negociando a tope todos los pormenores del ajuste, sin el cual no vendrán las ayudas de Bruselas -180.000 millones de pesetas-, haciendo entonces sí totalmente inviable la actividad de ese sector en apenas tres años. A partir de 1999 España está obligada a no financiar con ayudas públicas- una actividad industrial que necesita fuertemente de ellas praa subsistir (ahora, cubren el 49% del coste de construcción de un buque).

Ése es el problema que, se quiera o no, deben intentar resolver de la mejor manera posible el Gobierno y los sindicatos de aquí a finales de año, en que deberá presentarse el plan de ajuste capaz de arrancar las ayudas prometidas por la ComisiónEuropea. Y a cuya solución deberían comprometerse también las fuerzas políticas de oposición con aportaciones realistas y no demagógicas. Sería imperdonable que con soflamas irresponsables y propuestas aventureras pretendieran sacar sus particulares réditos políticos, de la situación.

La reanudación de las negociaciones, a nivel ministerial -apartados los negociadores de la empresa pública, incapaces de encontrar otra salida al conflicto que no sea el enfrentamiento- abre de nuevo la esperanza a un acuerdo consensuado y lo menos traumático posible. Lo es, sin duda, un plan de ajuste basado en la reducción de más de la mitad -5.200 puestos de trabajo- de la plantilla actual y en el cierre total de las plantas de Sevilla y Cádiz, que dan trabajo a más de 1.000 trabajadores, pero carente de mejoras tecnológicas, comerciales y de producción. El Partido Popular, Izquierda Unida, el PSOE de Andalucía y los alcaldes socialistas de las zonas afectadas por el ajuste han pedido lisa y llanamente su retirada. Si el Gobierno decide mantenerlo tal cual, lo que no puede hacer es imponerlo sin más. Al menos, debería constituir el punto de partida de una nueva ronda de negociaciones en las que ya se ha perdido demasiado tiempo.

El Gobierno actual no parece que quiera dejar esta patata caliente al siguiente. Seguramente ello le sería mas cómodo, pero a costa de dejar pudrir un problema que, más que a nadie, interesa, resolver cuanto antes a los trabajadores afectados. Por más que, como suele ocurrir en estos casos, no falten los redentores de salón, ajenos al conflicto, pero interesados en manipularlo, que quieran salvarlos a la manera numantina.