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El Cesid creía en 1983 que Francia no actuaría contra ETA si España no pagaba algo a cambio

Miguel González

"Es posible que ante la entrada de España en el Mercado Común, el tema de ETA sea, un factor más a juzgar, por el momento, claramente favorable al país vecino. No es probable que [Francia] lo elimine en beneficio de España, si ésta no paga de alguna forma el precio correspondiente". La opinión que tenía el Cesid sobre la actitud de las autoridades francesas ante ETA no era muy optimista en abril de 1983, según se refleja en el estudio que, bajo el título de El terrorismo de ETA en el País Vasco, elaboró el servicio secreto seis meses antes del nacimiento de los GAL.

Pese a ello, el informe del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), con 39 folios de extensión y 14 anexos, no proponía en ningún momento ejecutar acciones de guerra sucia al otro lado de la frontera, aunque sí subrayaba la necesidad de desarrollar misiones informativas en suelo francés."A Francia le resulta costoso cambiar su aspecto liberal y tolerante y no es de esperar que lo haga deforma precipitada ni brusca. Por otra parte, el Gobierno francés cuida con exquisitez la reacción de la propia población o la de los partidos políticos, que podrían hacerlo negativamente ante la adopción de medidas excesivamente duras", señalaba el estudio.

El centro recordaba que "la violencia entra hoy dentro del juego político, tanto nacional como internacional", y advertía que "Francia, en un futuro inmediato, puede tratar de jugar a su favor la presencia y actividad de ETA"; sobre todo, porque "no es de prever que pueda crear dificultades graves a la Administración francesa".

Para el Cesid, no había duda de que la policía francesa "conoce toda la infraestructura etarra, sus locales, depósitos, relaciones, teléfonos, cuentas corrientes, etcétera", ni de que la tranquilidad del Gobierno de París ante la presencia de un grupo terrorista en su suelo se debía a que "está en condiciones de desarticular, en cualquier momento, toda la infraestructura etarra en su país".

600 etarras

En. el suroeste de Francia, según el centro de información, residían en aquella época 600 etarras (500 de ETA militar, 60 de ETA político-militar y 30 de Comandos Autónomos).

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En suelo francés se encontraba también la dirección de las dos ramas de ETA;se impartían los cursillos de adiestramiento de los terroristas; se cobraba el impuesto revolucionario en 13 bares identificados de San Juan de Luz y Hendaya; se guardaba la documentación; se planeaban los atentados; se celebraban asambleas y se organizaban ruedas de prensa. Además, ETA disponía de una red de empresas y editoriales de las que el documento cita ocho, en las localidades de San Juan de Luz, Hendaya, Biarritz, Hendaya y Ciboure.

Aunque, en opinión de los autores del informe, "puede que la intención francesa sea ir negociando a trozos el tema de la base etarra sin darse demasiada prisa en su liquidación", no por ello dejaban de reconocer que la cooperación entre Francia y España en materia de terrorismo va avanzando lenta pero inexorablemente".

Las autoridades francesas no eran las únicas que, a principios de 1983, recibían las críticas del servicio secreto por su escasa colaboración en el combate contra el terrorismo. "El PNV", argumentaba el documento, "condena constantemente los atentados y el impuesto revolucionario, pero mantiene una postura reticente y resistente a la hora de apoyar en la práctica la lucha contra ETA, campo en el que contrastan sus posibilidades reales con su escasa colaboración".

"Su toma de posición", agregaba respecto al PNV, "reviste un carácter paternalista, distorsionando la realidad, con sus apelaciones a la violencia generalizada. Utiliza la actividad terrorista como argumento para tratar de conseguir competencias que no son propias de la comunidad autónoma".

Frente a los promotores confesos de los GAL, el ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal y el ex-dirigente socialista vasco Ricardo García Damborenea, que han justificado el recurso a la guerra sucia alegando que se estaba perdiendo la batalla contra el terrorismo, el panorama descrito por el Cesid en esa época es menos sombrío.

"La coordinación, entró los distintos organismos implicados en la lucha; una mayor tecnificación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en personal, medios y procedimientos; y una aumento de la eficacia informativa y operativa, hacen abrigar fundadas esperanzas en mantener el terrorismo en niveles asumibles, que nunca puedan provocar situaciones de zozobra o desestabilizadoras, con incidencia casi nula en la vida del Estado", en opinión del centro.

Como logros prácticos, el estudio subrayaba "el aislamiento progresivo del grupo terrorista del sector mayoritario del pueblo vasco, el fraccionamiento de ETA (político-militar) y un ostensible aumento del número de comandos detenidos y armas y explosivos aprehendidos".

Política autonómica y represión policial

La estrategia propuesta en abril de 1983 por el Cesid para "absorber el conflicto nacionalista vasco" y "anular la capacidad ofensiva de ETA" se basa en combinar medidas políticas y policiales.En primer lugar, propone "mantener con tenacidad, pese a las obstrucciones terroristas, la política autonómica, en previsión de que progresivamente las fuerzas políticas y sociales vascas conduzcan a disminuir el apoyo popular a ETA".

Al mismo tiempo, aboga por "realizar un esfuerzo de desarticulación policial, selectivo y preciso en su aplicación, de intensidad y eficacia progresivamente creciente, a medida que la acción policial programada vaya aumentando el enfrentamiento a ETA de amplios sectores sociales vascos".

El estudio advierte que "la coerción debe ser selectiva y aplicarse de forma muy precisa, sobre el grupo terrorista para no favorecer la dinámica de la espiral acción-represión- acción". "Es de la máxima importancia", subraya, "que la acción contraterrorista tenga las mínimas repercusiones posibles sobre la población".

El servicio secreto admite, sin embargo, que ello sólo será posible "siempre que la información encierre la calidad suficiente", ya que "la información constituye una de las carencias fundamentales para que la lucha contra el terrorismo pueda alcanzar cierta eficacia operativa".

Mejorar la información, y especialmente el intercambio de la misma entre los organismos con competencia en la materia (Policía, Guardia Civil, Cesid), era, según el estudio, el objetívo del Mando Único, de la Lucha Contraterrorista, reestructurado en diciembre de 1982, tras la victoria del PSOE.

El informe sólo alude una vez y de pasada a la guerra sucia, al asegurar que un acoso como el que sufrían las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad por parte de ETA, "en otros grupos no sometidos a disciplina militar, puede dar paso a actividades ilegales organizadas".

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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