Asesinados otros 23 campesinos en el departamento de Urabá

"Parece que esta vez fue la guerrilla dijeron los supervivientes de otra matanza ocurrida en la madrugada de ayer en la zona bananera de Urabá, en el norte de Colombia, al señalar a los, presuntos autores del nuevo crimen con el que se acerca a 60 el número de víctimas en el mes de agosto región. Veintitrés obreros agrícolas, militantes de Esperanza, Paz y Libertad (EPL),organización que surgió en 1991 cuando el maoísta Ejército Popular de Liberación depuso las amas, fueron asesinados cuando viajaban en camiones desde sus casas de banano en la finca Los Cuno de El Diez.

Oswaldo Muñoz, alcalde de, Carepa, contó que a eso de las nueve de la mañana llegaron al su despachó algunos campesinos sobrevivientes de la matanza, ocurrida a 12 kilómetros del pueblo. "Según, ellos los asesinos, pedrtenecían a la guerrilla dijo el alcalde, que envió una comisión judicial para el levantamiento de los cadáveres pero no se atrevié a ir al lugar "por motivos de seguridad". Los,supervivientes dijeron que Un grupo de pistoleros, interceptó los camiones obligó a bajar a los campesinos y los ametralló en un campo de fútbol. Desde Medellín, Guillermo Correa, secretario político del EPL, dijo que entre las víctimas se encontraba Henry Hurtado, miembro de la junta de acción comunal del Barrio Obrero de Carepa y que aunque no sabe si entre los muertos había reinsertados del proceso de paz de hace cuatro años, sí tiene certeza de "que todos eran militantes, del movimiento". correa añadió: "Aquí cada vez es más difícil, Casi imposible, llegar, a un acuerdo de paz; quienes más están llamados a presentar una propuesta, la Coordinadora Guerrillera, cometen actos tan atroces como los paramilitares".

El recrudecimiento del conflicto armado en Urabá, donde el pasado día 12 fueron asesinadas, 18 personas a la puerta de una discoteca, fue uno de los argumentos que el. presidente Ernesto Samper esgrimió el 15 de agosto, para decretar el estado de excepción. La medida se amparó políticamente en él Acuerdo Nacional contra la Violencia, que apoyaron empresarios, sindicatos, la Iglesia católica y los partidos liberal y conservador lo que algunos interpretaron como una forma de dar respaldo a su Gobierno y desviar, la atención del escándalo por la presunta financiación por el cartel . de Calí de su campaña electoral.

La investigación, a cargo. de la Fiscalía y conocida como Pro ceso 8.000 tiene tras las rejas a dos figuras clave del aparato financiero de la Campaña electoral el tesorero Santiago, Medina, cuyas, explosivas denuncias, produjeron la caída del ex ministro de Defensa, Fernando Botero Zea director de la campaña y último eslabón del ahora presidente, a quien el lu nes la Fiscalía le confirmó la orden de captura, tras 14 días de detención en un batallón de caballería Botero Zea, que dimitió el 2, de agosto para hacer frente a las acusaciones y "defender al Gobierno", es investigado por enriquecimiento ilícito en favor de terceros y falsedad en documento privado, delitos que serán firmes si se le prueba responsabilidad en la recepción de dinero donado por la mafia, cuyos jefes él mismo encarceló durante la ofensiva conjunta con la DEA y la CIA contra el cartel de Cali.

Esta paradójica situación tiene confundida a la opinión pública colombiana, que, según una encuesta realizada por la empresa Gallup para la revista Semana, disculpa a Botero por su lealtad a Samper pese a reconocer, mayoritariamente, que ambos sabían que el cartel de Calí dio dinero para la campaña,. Además, el 51% de los encuesta dos está a favor del presidente, tal vez porque el 66% piensa que "desde hace muchos años las campañas políticas han recibido dinero del narcotráfico en mayor o menor grado y no hay razón para tanto escándalo".