Las imputaciones de Garzón contra González sólo se basan en Damborenea y Sancristóbal

Las imputaciones elevadas al Tribunal Supremo por el juez Baltasar Garzón contra el presidente del Gobierno, Felipe González, en relación con los GAL, sólo se apoyan en las acusaciones realizadas por el ex dirigente socialista vasco Ricardo García Damborenea y en alguna apreciación del ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal. Según fuentes conocedoras de las actuaciones, Garzón invoca también declaraciones del ex policía José Amedo sobre las "altas", responsabilidades sobre los GAL. Tres magistrados de la Sala Segunda decidirán hoy si el caso es competencia del Supremo.

En cuanto a la reunión judicial de hoy, el magistrado de la Sala de Vacaciones del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, destacó ayer "la absoluta libertad de criterio" con que los magistrados Fernando Cotta -presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo-, José Augusto de Vega Francisco Soto resolverán "sobre la admisión, competencia de la sala y sucesivos pasos procesales que se estime oportuno dar".En la decisión sobre la competencia del Supremo pesará, además del informe favorable del Fiscal, el valor que los tres magistrados de la Sala de Admisión atribuyan a los indicios de responsabilidad criminal contenidos en la exposición de más de 40 folios remitida por el magistrado Garzón, encargado de la instrucción del sumario hasta que apreció la existencia de imputaciones contra aforados.

Según Garzón, los datos acusatorios afectan, además de a González, al ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra; al ex ministro del Interior José Barrionuevo; y al diputado y secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Txik Benegas.

La forma de ser de Barrionuevo

Por lo que se refiere a González además de las acusaciones ya conocidas de García Damborenea el documento de Garzón invoca también algunas declaraciones de Sancristóbal quien sugirió que, dada la forma de ser y actuar de Barrionuevo, las decisiones sobre los GAL debió consultarlas con González. En el mismo sentido, Garzón recoge declaraciones de Amedo, que primero negó toda relación con los GAL y luego admitió su responsabilidad, pero ligada a otras "más altas", que apuntaban hacia los dirigentes políticos del momento.

Durante la investigación del caso GAL, Garzón no atribuyó importancia suficiente a las insinuaciones de Amedo. Sólo tras la cadena de declaraciones autoinculpatorias de otros procesados, rematadas por la de García Damborenea, el juez consideré que tenían entidad Dará dirigir el caso contra cuatro aforados. La decisión que hoy tiene que adoptar la Sala de Admisión es precisamente la de si tales declaraciones revisten el carácter de indicios de criminalidad.

Fuentes gubernamentales restan importancia jurídico-penal a tales imputaciones contra los cuatro aforados, en especial contra González, y recuerdan que, al margen de las responsabilidades políticas, las apreciaciones penales requieren datos ciertos fuera de toda duda.

Desde sectores socialistas se invoca el caso Naseiro, sobre supuesta financiación ilegal del PP, en el que, a pesar de la escucha de las cintas con las voces de las personas implicadas, la Sala Segunda del Supremo archivó el asunto, en aplicación de las garantías procesales, que anularon las evidencias auditivas.

En relación con las imputaciones contra Barrionuevo, fuentes jurídicas destacan que Garzón ha apreciado demasiado tarde los indicios contra el ex ministro. Diputados socialistas aseguran que Barrionuevo niega, incluso en su entorno más íntimo la imputación más grave contra él: la supuesta conversación telefónica que mantuvo en diciembre de 1983 con el entonces gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, respecto al secuestro de Marey. Tales diputados creen que el, PSOE debe votar favorablemente el posible suplicatorio, para que Barrionuevo pueda por fin defenderse.