Salve sin procesión

LA SUPRESIÓN por el alcalde donostiarra de la procesión cívica de la Salve ha impedido que se reproduzcan este año los incidentes provocados por los seguidores de Herri Batasuna. La decisión, en sí discutible, tendría mejor defensa de haberse planteado abiertamente como lo que es: una medida forzada por la imposición de los violentos y destinada a evitar males mayores. Intentar disimular esa realidad con argumentos inverosímiles ha favorecido las reacciones polémicas de los partidos rivales del socialista, al que pertenece el alcalde, Odón Elorza.Incidentes venía habiendo, y cada vez más violentos, desde hace 12 años. Las autoridades locales y autonómicas asistentes tenían que ser protegidas por cientos de policías frente a los intentos de lapidación a manos de grupos de radicales desaforados; la propagación de los incidentes por la, ciudad provocó en los últimos años decenas de heridos y contusionados. Hace tiempo que los partidos se habían planteado la posibilidad de suprimir esa parte de la ceremonia, un paseo de apenas 200 metros entre el Ayuntamiento y la basílica, para arrebatarles a los violentos su pretexto para amargar a los donostiarras el inicio de sus fiestas de verano.

Los partidarios de la supresión argumentaban que mantener esa rutinaria pugna anual sólo favorecía a los interesados en acreditar la falsa imagen de una sociedad dividida en dos bloques de similar peso ciudadano y cuyos gobernantes tenían que ser protegidos por la policía para no ser linchados. Por ello, y no siendo la procesión de la Salve una cuestión trascendental o de principio, valía la pena ensayar una medida que dé seguro iba a "descolocar a los intolerantes". A tales planteamientos se oponía el argumento de que ceder ahora, tras 12 años de intentos de imposición, sería otorgar a la minoría violenta la capacidad de decidir qué actos festivos pueden celebrarse y cuáles no; que así lo interpretaría en todo caso el mundo de ETA y HB, cuyos cabecillas no tardarían en encontrar nuevos pretextos para sus actuaciones violentas.

Si sé considera que no hay forma de garantizar la seguridad de las autoridades sin un despliegue policial desproporcionado o sin someter a los ciudadanos a incomodidades y riesgos excesivos, es defendible la idea de una supresión por causa de fuerza mayor. Pero hay que explicarlo. Afirmar, como ha hecho Elorza, que la decisión no se había visto "mediatizada por ninguna presión o chantaje de HB" es una mentira piadosa. Y aludir al "escaso arraigo popular" del acto suprimido supone tomar en serio el pretexto de HB. Porque nadie ignora que no les importe en absoluto que haya o deje de haber procesión de la Salve (o un trazado más o menos ecológico de una carretera), sino dejar claro que son capaces de condicionar con su violencia las decisiones de las instituciones.

El portavoz de los violentos, que ya había valorado la supresión como una "demostración de la fortaIeza de Herri Batasuna", se felicitó ayer por su éxito y adelantó el siguiente objetivo: "San Sebastián no será una ciudad normalizada mientras ondee en el Ayuntamiento la bandera española, símbolo de la opresión y del sometimiento". Lo dice el portavoz de un partido que hace dos meses obtuvo cuatro de los 27 concejales del consistorio donostiarra. Frente a semejantes iluminados, una cesión así sólo puede ser, por tanto, táctica y convenientemente explicada a la. opinión pública. No vayan a creer, tanto ellos como la ciudadanía, que puede convertirse en costumbre.